La exESMA en peligro: el Gobierno avanza contra los derechos humanos, pero la sociedad resiste
Mientras una lluvia de cenizas del incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi cubría Bariloche, el Gobierno despedía a 30 empleados de Parques Nacionales, sumando ya 130 cesanteados en un año. Es una metáfora de un país en crisis: un gobierno que, en lugar de invertir en soluciones, elige desmantelar instituciones clave.
La situación alcanza un punto crítico en la exESMA, símbolo internacional de la memoria, donde el Gobierno avanza en su desmantelamiento. Tres días antes de Navidad, empleados de la Secretaría de Derechos Humanos fueron notificados de sus despidos. La reacción fue inmediata: pese al contexto festivo, miles de personas se concentraron el 27 de diciembre frente a la exESMA, dejando claro que los derechos humanos son un tema sensible para gran parte de la sociedad.
Una ofensiva silenciosa contra la memoria
El gobierno evitó exponer abiertamente sus intenciones. La Secretaría de Derechos Humanos, que trabaja para evitar el regreso de las prácticas del terrorismo de Estado, enfrenta recortes que han dejado sin personal a sitios clave de la memoria. Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos, intentó justificar los despidos como parte de una “reestructuración”. Sin embargo, organizaciones como la Comisión Provincial de la Memoria denunciaron prácticas de espionaje durante la manifestación, evidenciando un retroceso en derechos fundamentales.
El trasfondo político
La postura del gobierno liderado por Javier Milei refleja una visión ideológica que desprecia los derechos humanos, reduciéndolos a lo que considera parte de una agenda “woke”. Este término, resignificado por la derecha global, busca deslegitimar las luchas por la igualdad, el medio ambiente y la memoria.
En Argentina, un país que vivió dictaduras militares marcadas por desapariciones, torturas y asesinatos, estas políticas generan una profunda contradicción. La sociedad, que en su mayoría repudia las violaciones a los derechos humanos, ha respaldado durante décadas los juicios y las condenas a los responsables.
La resistencia de la sociedad
El intento del Gobierno por avanzar en silencio contra las políticas de memoria, verdad y justicia revela su propia contradicción: sabe que incluso entre sus votantes hay un rechazo mayoritario a estos retrocesos. Las encuestas reflejan que muchos ciudadanos apoyan medidas económicas, pero disienten en temas como derechos humanos, medio ambiente y derechos de las mujeres.
Este contexto ha reavivado las movilizaciones. Se realizará un festival en la exESMA, en defensa del Centro Cultural Haroldo Conti y contra los despidos. La convocatoria es clara: “Que la memoria arda, que la historia continúe, que el Conti siga de pie”.