La Justicia mendocina digitalizó uno de sus trámites más demandados
La implementación de un sistema digital para evaluar el Beneficio de Litigar sin Gastos (BLSG) se convirtió en el eje de la última decisión de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que formalizó la medida a través de la Acordada Nº 32.299. La iniciativa busca resolver una problemática instalada desde hace años: la enorme cantidad de expedientes que genera este trámite en el Poder Judicial.
Uno de los datos que impulsó la reforma surge del fuero Civil, Comercial y Minas, donde se registraron 15.840 causas con tasa de justicia abonada y alrededor de 4.000 expedientes vinculados al BLSG. Esta proporción —uno de cada cuatro trámites— se replica también en la Justicia de Paz, lo que mostró la necesidad de modificar el mecanismo de análisis.
La Corte decidió entonces incorporar una herramienta que permite consultar de manera directa los datos socioeconómicos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Con este recurso, los juzgados accederán de inmediato a información clave para determinar si corresponde otorgar el beneficio, dejando atrás el circuito tradicional de informes, pruebas y constataciones que hacía más lento el procedimiento.
La decisión se inscribe en la actualización normativa introducida por la Ley 9.658, que modificó el artículo 96 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario. Esa modificación habilitó a avanzar hacia un modelo más ágil, basado en información objetiva y con criterios homogéneos para todas las circunscripciones provinciales.
Para activar el nuevo sistema, las personas deberán proporcionar un mínimo de datos personales —DNI, CUIL, nombre y apellido, fecha de nacimiento y sexo— que permitirán a los juzgados acceder a los reportes del SINTyS. A partir de esa base, la acordada fija pautas generales de aplicación válidas para todos los fueros.
La puesta en marcha del esquema digital incluye además un proceso de pruebas técnicas coordinado por la Dirección de Informática, junto con un plan de capacitación destinado a magistrados, funcionarios, empleados y profesionales, a cargo del Centro de Capacitación Judicial. El despliegue contempla un monitoreo de desempeño y la comunicación oficial de los cambios a través de la Secretaría de Información Pública, mientras que la federación de colegios de abogados y el Ministerio Público Fiscal fueron notificados formalmente.
El objetivo final de esta transformación es reducir demoras, reorganizar el volumen de expedientes y mejorar el acceso a la justicia para quienes carecen de recursos para afrontar un proceso judicial.