La Justicia ordenó la liberación de la mendocina que raptó a su hijo y se lo llevó a Buenos Aires
Tras una evaluación del tiempo de detención y del estado de la causa, la Justicia penal resolvió otorgar la libertad inmediata de la mendocina que había sido condenada a tres años de prisión por desobedecer órdenes judiciales y por impedir el vínculo entre su hijo y el padre, tal como lo había dispuesto la Justicia de Familia.
La decisión fue adoptada en una audiencia judicial realizada en el Polo Judicial, donde la jueza Belén Renna analizó que la imputada ya había cumplido 32 de los 36 meses de la pena, período que transitó en la cárcel de mujeres. La condena había quedado firme días atrás, luego de un juicio oral y público que demandó varios meses de debate.
El beneficio concedido no implica el cierre definitivo del cumplimiento de la pena. La mujer continuará bajo un régimen de libertad condicional hasta completar el total de la condena, con reglas de conducta estrictas. Entre ellas, deberá someterse a pericias psicológicas y psiquiátricas, que determinarán si corresponde la aplicación de tratamientos específicos y bajo qué modalidad.
El expediente se originó en un episodio ocurrido en mayo de 2023, cuando la acusada se trasladó a Buenos Aires junto a su hijo, entonces de 8 años, incumpliendo una orden judicial previa que establecía un proceso de revinculación con el padre. Días después, ambos fueron localizados en un alojamiento de Tigre, lo que derivó en la apertura de la causa penal.
Durante el debate, la fiscalía, a cargo de Gabriel Blanco, sostuvo una postura más gravosa y solicitó una pena superior, al entender que los hechos también encuadraban en el delito de sustracción de menores. La defensa, encabezada por Andrés Ramos, rechazó esa calificación legal y pidió la absolución, argumentando que no existió perjuicio penal contra el niño.
La investigación también incluyó la mención del abogado Dardo Pérez Hualde, señalado por la propia imputada como colaborador en el traslado y la permanencia fuera de la provincia. El letrado invocó el secreto profesional y no prestó declaración. El pedido fiscal para que fuera investigado fue desestimado por la magistrada, aunque no se descarta una impugnación ante instancias superiores.
El caso continúa generando debate público y jurídico, especialmente por el alcance de las decisiones judiciales en conflictos familiares que derivan en responsabilidades penales.