PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL

La ONU cuestiona el nombramiento por decreto de jueces de la Corte Suprema Argentina

Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, advirtió que el método elegido por el Gobierno de Milei socava la transparencia y la independencia judicial, además de retroceder en la igualdad de género.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, cuestionó fuertemente el método elegido por el Gobierno de Javier Milei para designar a jueces de la Corte Suprema de Justicia a través de un decreto. Según Satterthwaite, esta modalidad "erosiona la transparencia" y pone en riesgo "la independencia judicial", además de constituir "una regresión en relación a la norma de igualdad de género".

El comentario de la relatora se dio previo a que la Comisión de Acuerdos del Senado tratara el pliego del juez Manuel García Mansilla, quien fue nombrado por decreto para integrar el tribunal. Satterthwaite advirtió que este nombramiento presidencial representa un precedente peligroso, al politizar las designaciones y limitar las vías de control y escrutinio público. "Al ignorar los procesos de nombramiento judicial establecidos en la Constitución y aclarados en la legislación, el Ejecutivo está evadiendo los controles y equilibrios legalmente establecidos", expresó la funcionaria de la ONU en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

La relatora también destacó que, de concretarse el nombramiento de García Mansilla, la Corte Suprema quedaría sin juezas, lo cual sería un retroceso en términos de igualdad de género. "Este retroceso para el país podría constituir una violación del principio de no regresión en relación con las normas de igualdad de género", advirtió.

Satterthwaite instó a Argentina a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a garantizar la independencia del poder judicial y respetar el estado de derecho. En ese sentido, acusó al Gobierno de "ignorar los procesos de nombramiento judicial establecidos en la Constitución y aclarados en la legislación".

El decreto y la controversia

El 26 de febrero, el Ejecutivo publicó el decreto 137/2025, que oficializó la designación de los jueces en comisión para integrar la Corte Suprema. Solo dos días después, Manuel García Mansilla prestó juramento en una ceremonia con total hermetismo, realizada en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, bajo la supervisión del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Por otro lado, el 6 de marzo, la Corte Suprema rechazó la licencia de Ariel Lijo por mayoría simple. En una decisión inesperada, Rosatti, Carlos Rosenkrantz y García Mansilla consideraron que Lijo debería renunciar a su puesto como juez titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 4 si quisiera asumir en la Corte. Solo Ricardo Lorenzetti votó a favor de su juramentación. Esta situación deja a Lijo ante una difícil encrucijada: puede optar por quedarse como juez federal o renunciar a su cargo para asumir como el quinto integrante del Máximo Tribunal.