La presión tributaria en Argentina proyecta una caída histórica hacia finales de 2026
El debate sobre el tamaño del Estado y el costo fiscal que deben afrontar los sectores productivos y los contribuyentes sumó un capítulo decisivo en el escenario de las reformas de la administración pública. El Poder Ejecutivo nacional, bajo la conducción del presidente Javier Milei, avanza con paso firme en su programa de reducción impositiva condicionado a la disciplina y el sostén del superávit de las cuentas públicas, una de las metas centrales que el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó para el actual ejercicio fiscal.
De acuerdo con un reciente análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación tributaria consolidada experimenta una marcada trayectoria descendente. Mientras que en el año 2024 la presión fiscal se ubicaba en el 29% del Producto Bruto Interno (PBI), el cierre de 2025 consolidó un retroceso de 1,4 puntos porcentuales, situándose en el 27,6%. Para el año 2026, las proyecciones de la entidad que dirige el economista Nadin Argañaraz prevén una nueva contracción global de 0,9 puntos, posicionando la carga tributaria efectiva en el 26,7% del PBI, un nivel que contrasta drásticamente con el pico histórico del 32,6% registrado en el año 2015.
Este descenso se explica de manera exclusiva por la retracción de los gravámenes dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, ya que los esquemas provinciales y municipales mantendrán una estabilidad estructural de entre el 5% y el 1,1% del PBI respectivamente. La evolución hacia una menor presión impositiva de cara al próximo turno de las elecciones legislativas se fundamenta en un conjunto de medidas específicas implementadas desde el Palacio de Hacienda:
Fin del Impuesto PAIS: La decisión de no prorrogar el tributo que penalizaba las compras al exterior con tarjeta y el atesoramiento de divisas —implementada a fines de 2024— significó una merma del 1% del PBI en la recaudación global.
Flexibilización de Derechos de Exportación (DEX): A pesar de la cautela de las consultoras privadas por la postergación de la quita gradual a la soja para 2027, la baja de retenciones a cultivos de invierno como el trigo y la cebada contribuyó fuertemente al alivio fiscal del sector agropecuario.
Eliminación de Impuestos Internos: El paquete de desregulación incluyó la remoción definitiva de las alícuotas que pesaban sobre objetos suntuarios, vehículos automotores, embarcaciones deportivas, contratos de seguros y servicios de telefonía celular.
Modificaciones aduaneras y laborales: La restitución de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del IVA y la puesta en marcha programada para noviembre del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) —que redirigirá contribuciones patronales por fuera del esquema tradicional de la ANSES— actuarán como reductores de la carga corporativa.
La meta de mediano plazo fijada por los equipos económicos busca consolidar un crecimiento sustentable que permita, mediante la eficientización del gasto público, recortar dos puntos adicionales de producto por año en impuestos distorsivos. Dentro de la agenda de debates parlamentarios y de la reforma política económica del oficialismo, la disolución total del impuesto al cheque y las retenciones agropecuarias remanentes quedan supeditadas a la consolidación de un sendero de expansión del PBI, planteando un cambio de paradigma en la administración fiscal y de incentivos regionales.