Más controles en el Sur mendocino: carne en muy mal estado y hasta animales embalsamados
En el sur provincial, distintos operativos realizados en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato pusieron el foco en la seguridad alimentaria y la legalidad en la comercialización de productos de origen animal, tras detectarse múltiples irregularidades en controles realizados en General Alvear y San Rafael.
Las inspecciones, llevadas adelante junto a áreas de Bromatología municipal, permitieron identificar fallas en la conservación, problemas de trazabilidad y productos cárnicos en mal estado en diversos comercios.
Uno de los procedimientos tuvo lugar en un local de calle San Miguel Arcángel, donde se decomisaron 3,690 kilos de carne molida y 4,075 kilos de pollo por no cumplir con las condiciones sanitarias exigidas. A partir de esta situación, se iniciaron actuaciones por presunta infracción al artículo 201 del Código Penal, que sanciona la comercialización de alimentos peligrosos para la salud.
En paralelo, en la zona de calles Piérola y Agustín Álvarez, se detectaron otros 5,145 kilos de carne molida en condiciones irregulares, lo que derivó en nuevas actuaciones judiciales vinculadas a la venta de alimentos no aptos para el consumo.
Un tercer control, realizado en inmediaciones de Chaperrus y Santa Fe, volvió a evidenciar infracciones en productos alimenticios, reforzando el diagnóstico sobre deficiencias en los estándares de salubridad en puntos de venta de la zona.
Por otra parte, en un procedimiento independiente desarrollado en San Rafael, se constató la tenencia de fauna silvestre y restos de animales protegidos por ley en una vivienda particular de calle Bélgica.
Durante la intervención se secuestraron dos ejemplares de piche faenados, caparazones, un águila embalsamada, un ofidio embalsamado y otros restos de fauna, en presunta infracción a la Ley 22.421, que regula la protección de la fauna silvestre.
Los operativos dejaron en evidencia tanto riesgos sanitarios asociados a la cadena de comercialización de alimentos, como posibles delitos ambientales, en un contexto donde se intensifican los controles sobre el abigeato y las actividades vinculadas a la fauna protegida.