Mendoza adhirió al registro nacional que controla la conducta de las fuerzas de seguridad
El Gobierno de Mendoza oficializó su adhesión al Registro Nacional de Antecedentes de Conducta de las Fuerzas Policiales y de Seguridad (RE.NA.C.) mediante el Decreto Nº 2059, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La medida fue acordada entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial, con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional y mejorar los mecanismos de control interno.
El convenio establece el intercambio de información sobre sanciones disciplinarias o medidas expulsivas aplicadas a efectivos de las fuerzas policiales y de seguridad, tanto a nivel nacional como provincial. De esta manera, se busca unificar, verificar y comunicar los antecedentes de conducta del personal, garantizando el acceso recíproco a los datos entre ambas jurisdicciones.
A partir de esta adhesión, Mendoza incorporará al sistema federal los antecedentes de los agentes sancionados o dados de baja en los últimos diez años, junto con las sanciones que se registren en el futuro. Para ello, el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial designará personal autorizado a ingresar al módulo “Antecedentes de Conducta del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad” del Sistema de Trámites a Distancia (TAD), integrado al Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
El decreto también establece que la información contenida en el RE.NA.C. será de uso exclusivamente institucional y no podrá difundirse por ningún medio. Ambas partes deberán garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos conforme a lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 25.326 de Protección de Datos Personales.
Además, los ministerios de Seguridad de Nación y de Mendoza deberán mantener actualizada la base de datos, asegurando una carga constante y supervisada de la información.
El acuerdo no implica compromisos económicos para la Provincia y tendrá una vigencia inicial de dos años, con renovación automática, salvo que alguna de las partes decida lo contrario. En caso de rescisión unilateral, la notificación deberá efectuarse con al menos 90 días de anticipación.