Mendoza denunció a 28 padres antivacunas y endureció los controles de vacunación obligatoria
El Ministerio de Salud de Mendoza intensificó los controles para asegurar el cumplimiento del calendario nacional de vacunación obligatoria y ya acumuló 28 denuncias contra padres que se negaron a vacunar a sus hijos desde fines del año pasado.
La provincia se posiciona como pionera en la judicialización de estos casos, en un contexto en el que las autoridades sanitarias buscan frenar el avance de enfermedades como el sarampión y la tos convulsa, consideradas bajo vigilancia epidemiológica.
Control más estricto y plazos de regularización
El esquema implementado contempla instancias previas a la denuncia judicial. Cuando se detecta un menor sin vacunas obligatorias, las familias son citadas a audiencias con equipos médicos, donde se informa sobre los riesgos sanitarios.
A partir de esa instancia, los padres cuentan con un plazo de 30 días para completar el esquema de vacunación. Según datos oficiales, de los 28 casos judicializados, al menos 10 familias accedieron finalmente a vacunar a sus hijos.
El resto de los casos avanzó hacia intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y la justicia contravencional.
Marco legal y sanciones
Las autoridades sanitarias remarcan que el calendario de vacunación es obligatorio y forma parte de una política de salud pública. Su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas y procesos judiciales por poner en riesgo la salud colectiva.
El objetivo del Ministerio es reforzar la cobertura sanitaria y evitar la reaparición de enfermedades prevenibles.
Caso de carnets falsos en Las Heras
En paralelo, se detectó un caso de emisión de certificados de vacunación apócrifos en un centro sanitario de Las Heras. Un enfermero habría entregado carnets falsificados a cambio de dinero, permitiendo registrar esquemas completos sin aplicación real de dosis.
La irregularidad fue detectada tras inconsistencias en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA), lo que derivó en una investigación administrativa y una causa penal en curso.
Desde la cartera sanitaria calificaron el hecho como “una falta gravísima” por el riesgo que implica tanto para los menores como para la comunidad en general.