CAUSA JUDICIAL

Pidieron la detención del dueño de HLB Pharma y 24 directivos por el fentanilo contaminado

El abogado Carlos Nayi, representante de víctimas por el fentanilo adulterado que provocó 96 muertes, pidió la detención de 25 personas, entre ellas el empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, tras un informe forense que confirmó el vínculo causal entre la droga y los fallecimientos.

Un giro clave se da en la causa por el fentanilo contaminado que dejó un saldo de 96 muertes en el país. El abogado cordobés Carlos Nayi, representante legal de cinco familias de víctimas, solicitó la detención de 25 personas vinculadas a los laboratorios implicados, entre ellas el empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma.

El pedido se basa en un informe del Cuerpo Médico Forense, que estableció un “nexo concausal” entre el opioide adulterado y los fallecimientos. Según el letrado, “la contaminación del fentanilo fue, a criterio de los peritos, una condición necesaria para que los decesos se produzcan”.

En el escrito presentado ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, se detalla que la comercialización de un lote contaminado, sin los controles adecuados, implicó la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, que derivó en los resultados mortales.

La lista de imputados incluye a directores, técnicos, jefes de planta y familiares de los principales accionistas de los laboratorios. Entre ellos figuran: Damián y Diego García, Nilda Furfaro, Olga Luisa Arena, Sebastián Nanini, Andrea Chierasco, Rocío Garay, Adriana Iúdica, Oscar Ruffinengo, María Victoria García, Carolina Ansaldi y José Antonio Maiorano, entre otros.

Para Nayi, “está probada la existencia del hecho y la intervención punible de los investigados”, además del peligro procesal que implicaría mantenerlos en libertad. El querellante aclaró que su planteo “no es caprichoso”, sino que se funda en pruebas periciales y doctrina jurídica.

Con este paso, la causa por el fentanilo contaminado avanza hacia una etapa decisiva que podría determinar responsabilidades penales en la cadena de producción y control del laboratorio.