Proponen crear el "Boleto para el Trabajador de Seguridad Privada" en Mendoza
Legisladoras del peronismo mendocino impulsaron un proyecto de ley en la Legislatura para establecer el programa “Boleto para el Trabajador de Seguridad Privada”. La propuesta busca garantizar la gratuidad del transporte público para quienes se desempeñan en este rubro dentro de la provincia.
La iniciativa, elaborada por las senadoras Adriana Cano y Mercedes Derrache, tiene como finalidad “reconocer y apoyar a un sector de trabajadores que cumple un rol esencial y complementario a la seguridad pública en nuestra provincia: el personal de seguridad privada”.
Fundamentos del proyecto
El texto presentado subraya que la Ley Provincial N.º 6.721, en su artículo 4º inciso 12, ya incluye a los prestadores de seguridad privada dentro del Sistema Provincial de Seguridad Pública.
“Este reconocimiento legal no es menor; posiciona a la seguridad privada no como una actividad aislada, sino como un engranaje integral de la estrategia de seguridad provincial”, destaca el proyecto.
En esa línea, Cano y Derrache sostienen que la propuesta apunta a equiparar derechos con el personal policial, que actualmente cuenta con transporte gratuito. “Si la seguridad privada es, por ley, parte del mismo sistema y cumple funciones de prevención y disuasión que coadyuvan al bienestar general, resulta un contrasentido que sus miembros no gocen de un beneficio similar”, remarcaron.
Detalles del beneficio
De acuerdo con el proyecto, el boleto gratuito alcanzará a los trabajadores de vigilancia y seguridad privada registrados en el Registro Provincial de Prestadores de Seguridad Privada y con relación laboral activa en empresas habilitadas.
El artículo 4º del texto indica que la cobertura abarcará “el cien por ciento del valor del pasaje para los traslados que realice el trabajador desde su domicilio real hasta su lugar de trabajo y viceversa”, con un máximo de cuatro viajes gratuitos diarios, ampliables a seis en situaciones excepcionales.
La aplicación se realizaría mediante el sistema SUBE, previa presentación de la documentación requerida: DNI, credencial habilitante emitida por la Di.Se.P. y certificado laboral.
Las autoras del proyecto destacaron la relevancia de la medida para mejorar las condiciones del sector: “Los vigiladores y custodios privados son la primera línea de prevención en innumerables espacios públicos y privados. Aliviar este costo no es solo un acto de justicia social, sino una inversión directa en la calidad del servicio de seguridad en toda la provincia”.
El financiamiento del programa se imputará a las partidas presupuestarias del área de Transporte del Presupuesto General de la Provincia, mientras que el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de noventa días desde su promulgación para reglamentar la ley.
Finalmente, Cano y Derrache solicitaron el acompañamiento de sus pares “en virtud del reconocimiento que la propia ley provincial hace de la seguridad privada como parte del sistema de seguridad pública y del precedente sentado con las fuerzas policiales”.