Qué es el banco de horas que impulsa el Gobierno y cómo cambiaría la forma de trabajar
El debate por la reforma laboral volvió a instalarse en el Congreso. El Gobierno de Javier Milei insiste en avanzar con un paquete de cambios que —según plantea— apunta a modernizar un marco normativo que considera desactualizado, dar previsibilidad a las empresas y reducir la litigiosidad. Del otro lado, los gremios advierten que las modificaciones implican una pérdida de derechos y un retroceso en las condiciones laborales.
Uno de los puntos más sensibles es el banco de horas, un mecanismo que permite reorganizar la jornada laboral para que las horas trabajadas de más en un día puedan compensarse con tiempo libre en otro, evitando así el pago de horas extras con recargos. Aunque este sistema ya existe en ciertos sectores con alta estacionalidad, el Gobierno busca incorporarlo de forma generalizada y con amparo explícito en la Ley de Contrato de Trabajo.
Según el texto basado en el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, el esquema habilita a que empleadores y trabajadores acuerden libremente cómo compensar las horas excedentes, siempre que se respeten los descansos mínimos y que el acuerdo quede formalizado. Especialistas advierten que la aplicación dependerá de la negociación concreta en cada empresa o convenio colectivo, y del equilibrio real de fuerzas entre las partes.
Qué propone el Gobierno
El proyecto establece que el banco de horas funcionaría como un registro que acumula las horas extra para compensarlas más adelante con tiempo libre, sin obligación de pagarlas como horas extras. Así, un día con mayor carga laboral podría equilibrarse con otro de menor actividad sin alterar el total de horas mensuales o semanales previstas para cada trabajador.
El artículo 197 bis plantea que la adhesión debe ser voluntaria, acordada individualmente o a través de la representación sindical. Para evitar abusos, el acuerdo debe ser por escrito y contar con un sistema verificable de control que registre cuántas horas se suman y cuántas quedan disponibles para compensar.
La iniciativa también ratifica la obligación de cumplir con los descansos legales vigentes: 12 horas entre jornadas y 35 horas consecutivas semanales. El objetivo es evitar sobrecargas que puedan derivar en conflictos o juicios laborales, uno de los aspectos que el Ejecutivo busca reducir.