ABRAZO SOLIDARIO

Resistencia en la exESMA: denuncian despidos y vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos

Organismos de derechos humanos y gremios convocan a una movilización en el Espacio Memoria este viernes. Denuncian más de 600 despidos y el vaciamiento de políticas de memoria, verdad y justicia bajo el gobierno de Javier Milei.

Organismos de derechos humanos, sindicatos y movimientos sociales convocaron a un abrazo simbólico este viernes a las 17 en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (exESMA), como respuesta al desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH). Bajo el gobierno de Javier Milei, más de 600 trabajadores podrían perder sus empleos, dejando en crisis la gestión de sitios de memoria y programas de derechos humanos.

Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, llamó a participar llevando pañuelos blancos como símbolo de resistencia al negacionismo y la impunidad. “Estaremos allí para demostrar que no nos han vencido”, aseguró.

El Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, ofreció retiros voluntarios masivos y amenaza con despidos a quienes no acepten. La planta de la SDH se ha reducido drásticamente, y se estima que cientos de familias quedarán sin sustento.

Las áreas clave de la SDH, incluyendo los sitios de memoria, están paralizadas por la falta de personal para tareas esenciales como conservación, educación e investigación. Este desguace se enmarca en una política de negacionismo impulsada por figuras del gobierno, que han promovido la “memoria completa” y el desfinanciamiento de políticas de memoria, verdad y justicia.

Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, destacó la importancia de una movilización masiva: “Es un ataque directo a las políticas que aseguran que estos crímenes no se repitan”.

La convocatoria suma respaldo de más de 50 organizaciones y espacios de memoria, que denuncian la estrategia del gobierno como un intento de reinstalar la impunidad. En paralelo, ATE continúa su lucha legal para proteger a los trabajadores despedidos y garantizar la continuidad de las políticas de derechos humanos.