Trabajadores del INTA presentaron un amparo para frenar los cambios impulsados por el Gobierno
El Sindicato del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), junto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), presentó una acción de amparo contra el decreto 462/2025 firmado por el Gobierno nacional. El escrito, radicado en el Juzgado Nacional del Trabajo, apunta a frenar los artículos 59 a 69 del decreto, que modifican el funcionamiento del INTA y otros organismos vinculados al sector agropecuario.
En la presentación judicial, los gremios solicitaron que se declare “la nulidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad” de los artículos cuestionados, por considerar que configuran una “desviación de poder que oculta una disolución, desfederalización y vaciamiento del INTA”. El planteo se apoya en la ley 27.742, que prohíbe expresamente la disolución del organismo, y en el decreto-ley 21.680/56, que le dio origen. También se denuncia la supuesta vulneración de la garantía de estabilidad del empleo público contemplada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
“Hoy empieza una etapa de lucha”
Antes de la publicación del decreto, el presidente del Consejo Directivo del INTA Chaco-Formosa había anticipado: “Hoy empieza una etapa de lucha”. Según los gremios, esa etapa comenzó con la vía judicial.
En el texto del amparo, se argumenta que el gobierno pretende “sacar a remate 40.000 hectáreas rurales del INTA para construir barrios cerrados, vender sus patentes de eventos tecnológicos, apropiarse de los recursos financieros que tienen en el Banco Nación, y generar despidos de científicos y técnicos que al Estado le costó décadas formar”.
APINTA y ATE también sostienen que la declaración de emergencia económica incluida en la Ley Bases “habilita al Poder Ejecutivo a gobernar por decreto” y la compararon con un “estado de sitio”. Según expresaron, no existe una “conmoción anormal, extraordinaria e imprevista” que justifique la utilización de estas herramientas excepcionales.
Cambios en la conducción colegiada y pérdida de autonomía
Entre las modificaciones propuestas por el decreto, los trabajadores destacaron la exclusión de las universidades y los Consorcios de Experimentación Rural (AACREA) de la conducción colegiada del INTA. También criticaron la rebaja en la participación de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y CONINAGRO, que pasarían de ser “decisores miembros del Consejo del INTA” a ocupar un rol “meramente asesor sin opinión vinculante”.
En la misma línea, aseguraron: “La misma ley bases prohibió la disolución del INTA. Pero, de hecho, el INTA queda disuelto. De ser una persona jurídica sujeto de derecho (como una sociedad, una asociación civil, una fundación) el 462/2025 lo convierte en una mera oficina interna de la Administración Pública Central. El INTA pierde así su CUIT, y todos sus bienes (tierras, patentes y maquinarias) pasan al Ministerio de Economía, que ya se está preparando para sacarlos a remate. Sin contar la ola de nuevos despidos que esto va a generar”.
Finalmente, justificaron la presentación del amparo en la competencia del fuero laboral: “Quienes resultaran más perjudicados de la ofensiva contra el INTA son los trabajadores científicos y extensionistas de la institución”.