Caputo acelera gestiones para cubrir el vencimiento de deuda de enero
Al ministro de Economía, Luis Caputo, le quedan apenas siete ruedas de operaciones en los mercados financieros internacionales para cerrar el financiamiento necesario que permita afrontar el próximo vencimiento de la deuda. Tras la aprobación del Presupuesto 2026, que despejó los temores sobre la falta de aval legal para tomar nueva deuda, el Gobierno debe ahora reunir cerca de US$2.000 millones adicionales para completar los US$4.300 millones requeridos para el pago del 9 de enero, correspondiente a los cupones de los bonos Bonares y Globales surgidos de la reestructuración de 2020.
Con la votación del Senado del pasado 26 de diciembre, el Congreso habilitó formalmente al Ejecutivo a emitir deuda voluntaria en los mercados internacionales y le otorgó margen para definir la herramienta financiera más conveniente. Desde este lunes, el Palacio de Hacienda quedó en condiciones de avanzar con las gestiones para reunir los dólares faltantes.
La alternativa que aparece como más probable es utilizar los US$1.000 millones obtenidos recientemente mediante la colocación del Bonar como garantía para cerrar un acuerdo de recompra (REPO) con bancos internacionales, principalmente estadounidenses. La intención oficial es concretar la operación antes de que finalice el año o durante la primera semana de 2026, con el objetivo de captar entre US$1.000 y US$2.000 millones adicionales.
Hasta el momento, el Gobierno logró reunir cerca de US$2.300 millones a partir de distintas fuentes: la emisión del Bonar, ingresos por licitaciones vinculadas a represas patagónicas, compras de divisas de fin de año y fondos disponibles desde principios de diciembre. De este modo, resta cerrar el tramo final del financiamiento para completar el pago de enero.
En el Ministerio de Economía transmiten confianza y aseguran que esta semana se terminarán de definir las opciones disponibles. En caso de que el REPO no se concrete, no por falta de confianza sino por cuestiones de tiempo operativo, siguen sobre la mesa alternativas como la activación de un swap con Estados Unidos o el uso de las líneas del programa de Facilidades Extendidas acordado con el FMI.
Superado el vencimiento de enero, el foco pasará rápidamente al próximo compromiso del 9 de julio, cuando deberán abonarse otros US$4.200 millones por el segundo pago anual de los Bonares y Globales. A lo largo de 2026 y 2027, estos compromisos implican desembolsos por cerca de US$18.000 millones, lo que obligará al Gobierno a conseguir al menos US$17.000 millones en los próximos dos años.
La estrategia oficial apunta a volver al mercado voluntario de deuda en 2026, aunque solo cuando el riesgo país descienda por debajo de los 600 puntos básicos, y preferentemente se acerque a los 400 puntos. Parte del plan original, diseñado junto a JP Morgan, había quedado demorado por cuestiones técnicas vinculadas a las garantías del Tesoro de Estados Unidos, un obstáculo que ahora cuenta con mayor margen temporal para resolverse.
Para el primer semestre de 2026, en Economía también anticipan un cambio en la política cambiaria, con la intención de retomar la acumulación de reservas y dejar atrás la estrategia de esperar una baja del dólar. De ese modo, el Tesoro podría afrontar el vencimiento de julio sin recurrir de inmediato a financiamiento externo.
Si aun así fuera necesario respaldo adicional, el Gobierno evalúa dos mecanismos posibles: un swap de monedas o una recompra de bonos en poder del Estado a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Según la interpretación oficial, ninguna de estas alternativas requeriría una nueva ley, ya que no implicarían un aumento neto de la deuda, sino una reprogramación de vencimientos.