Desde junio, los comercios no tendrán que aportar de forma obligatoria al INACAP
A partir del 1 de junio, los comercios dejan de estar obligados a realizar aportes al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), luego de que entrara en vigencia el Decreto 149/2025, que establece la voluntariedad de esta contribución. La medida fue anunciada por el Gobierno nacional a principios de marzo y rige a los 90 días corridos de su publicación.
La nueva normativa establece que las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes ni contribuciones que beneficien a las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores, a menos que dichos aportes sean aceptados voluntariamente. Esto implica que la contribución mensual por capacitación laboral que venían haciendo los empleadores desde 2008 ya no será obligatoria.
Hasta ahora, la cuota por cada empleado registrado, que se incrementó en marzo y alcanzaba los $4.725,02 mensuales, generaba una recaudación aproximada de $5.600 millones al mes y más de $70.000 millones anuales, con alrededor de 1,2 millones de trabajadores alcanzados por esta contribución.
Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) celebraron la medida, calificándola como un “cambio significativo en las obligaciones que debían cumplir los empleadores”. Además, criticaron la falta de transparencia en el manejo de esos fondos, señalando que “las entidades que recaudan los aportes no hacen rendición de cuentas públicas”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la aplicación del decreto en su cuenta de X, remarcando que esta decisión reduce costos en diversos sectores como comercio, metalúrgicos, producción avícola, calzado, turismo, pasteleros, comercio internacional, gastronomía y contratación de maestranza.
Finalmente, Sturzenegger enfatizó que la medida refleja el principio fundamental del liberalismo que impulsa el presidente Javier Milei, basado en la “libertad y no el uso coercitivo del Estado para extraer recursos”.