El Gobierno busca sumar a CABA y PBA al plan para incentivar la declaración de dólares guardados
El Gobierno nacional convocó este jueves a los ministros de Economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires para avanzar en la adhesión al régimen simplificado de Ganancias y la reforma de la Ley penal tributaria. Estas medidas buscan incentivar a los ahorristas a “sacar los dólares del colchón” y formalizar esos activos.
El encuentro se realizó en la sede de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde los funcionarios fueron recibidos por el titular del organismo, Juan Pazo. La invitación se extendió luego de que CABA y PBA no participaran de las primeras conversaciones con las provincias, donde el Ejecutivo intentó despejar dudas y lograr consenso para impulsar el proyecto.
El respaldo de estos distritos es clave, dado que su influencia en el Congreso será decisiva para que la iniciativa se transforme en ley. Según fuentes oficiales, el diálogo fue positivo.
El ministro coordinador, Guillermo Francos, explicó que la reforma a la Ley penal tributaria contempla reducir el período de prescripción para investigar el origen de los fondos de 5 a 2 años, para evitar que futuras gestiones políticas puedan revisar de forma exhaustiva el patrimonio declarado bajo este régimen.
Las negociaciones con gobernadores, que se realizaron en videollamadas, incluyeron a mandatarios de varias provincias, pero no a Axel Kicillof ni Jorge Macri, quienes se mostraron reticentes al plan.
El Gobierno advirtió que las provincias que no adhieran podrían perder el acceso a información clave sobre facturación y consumos, lo que afectaría la fiscalización tributaria en esos distritos. Desde ARCA insistieron en que la medida busca “devolver a los argentinos la libertad de usar su dinero como quieran” y resaltaron que “los ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.
El plan generó fuertes críticas por parte de Axel Kicillof y su equipo, que calificaron las medidas como un “blanqueo encubierto” y una “promesa electoral sin seguridad jurídica”. En contraste, desde ARCA respondieron que la postura de Kicillof refleja una “visión soviética” y reiteraron que las sanciones a quienes no adhieran complicarán su acceso a información fiscal.