El Gobierno desregula el mercado de gas en garrafas y las empresas fijarán los precios
El Gobierno anunció la desregulación del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), dejando en manos de las empresas la fijación de los precios de las garrafas de 10, 12 y 15 kilos. A partir de esta medida, los valores informados por la Secretaría de Energía serán únicamente referenciales y no tendrán carácter vinculante.
La resolución 15, publicada este viernes en el Boletín Oficial, establece que los precios de venta del GLP por parte de los productores no podrán superar los valores de paridad de exportación. También elimina los aportes obligatorios y los cupos en el sector, al tiempo que permite a los fraccionadores decidir dónde retirar el producto, liberando las bocas de carga.
Según explicó la Secretaría de Energía, liderada por María Tettamanti, el objetivo es "eliminar gradualmente los precios máximos regulados, permitiendo que el mercado determine los valores a través de la oferta y la demanda". Asimismo, la medida busca que los precios en las diferentes etapas (producción, fraccionamiento, distribución y comercialización) se ajusten a los costos reales, eliminando ineficiencias y distorsiones en la cadena de valor.
Continúa el subsidio del Programa Hogar
A pesar de la desregulación, se confirmó la continuidad del Programa Hogar, un subsidio que cubre el 80% del precio de la garrafa para los hogares de bajos ingresos sin acceso a la red de gas natural. Este beneficio, gestionado por la ANSES, se mantendrá como una política de asistencia para los sectores más vulnerables.
Para acceder al subsidio en febrero de 2025, los hogares deben cumplir con los siguientes requisitos:
- No contar con servicio de gas natural ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas.
- Tener ingresos familiares que no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
- En caso de discapacidad certificada, los ingresos familiares pueden ascender a tres salarios mínimos.
- En zonas frías, como la Patagonia y el partido de Patagones, los ingresos pueden alcanzar hasta 2,8 salarios mínimos.
De esta manera, mientras las empresas definirán los precios del GLP, el Estado seguirá brindando apoyo económico a los sectores más desfavorecidos para garantizar el acceso a un servicio básico.