La nafta en Argentina está un 35% más cara que en Estados Unidos
El precio del litro de nafta en Argentina ya es un 35% más caro que en Estados Unidos, a pesar de que el país produce su propio petróleo. Mientras un estadounidense paga en promedio USD 1,05 por litro, un argentino debe abonar USD 1,42, según datos del Instituto Argentina Grande (IAG).
La suba se relaciona directamente con la política de vincular los precios locales a los internacionales y la eliminación del Barril Criollo, herramienta que antes protegía al país de la volatilidad global. Como consecuencia, cualquier conflicto externo, como la reciente guerra en Medio Oriente, se traslada directamente al surtidor y encarece toda la cadena productiva.
En marzo, la nafta superó los $2.000 por litro, en el marco del micropricing implementado por el Gobierno de Javier Milei. Desde su llegada al poder, los combustibles aumentaron 514% en términos nominales y 56,9% en términos reales, superando tanto la inflación general como la evolución de los salarios privados. Solo este año, la nafta subió 18,7%, el doble de la inflación, reflejando la creciente pérdida de control sobre los precios.
Impuestos y recaudación sin inversión
El monto fijo con el que se grava la nafta aumentó un 118% en términos reales desde la gestión anterior, duplicando su incidencia en el precio final y pasando del 10% al 20%. Sin embargo, gran parte de lo recaudado no se destinó a infraestructura vial: la Dirección Nacional de Vialidad ejecutó apenas un 60% del gasto que le correspondía, generando un ahorro fiscal que no se tradujo en mejoras concretas.
El gasto total en rutas cayó un 72,3% en términos reales respecto a 2023, alcanzando niveles mínimos desde la crisis de 2002. El deterioro de pavimentos, la falta de señalización y los baches profundos ponen en riesgo la seguridad vial, exponiendo a conductores, pasajeros y peatones a accidentes graves.
Impacto para los consumidores
La política de precios internacionales significa que los argentinos importan crisis externas y pagan valores comparables a los de países que no producen petróleo. Mientras tanto, los ajustes fiscales priorizan el superávit del Estado sobre el mantenimiento de la infraestructura y la protección del consumidor, consolidando un escenario de precios altos y servicios públicos en declive.