Las pymes advirtieron por la falta de atención a la microeconomía y reclamaron la Ley Pyme
El Movimiento Nacional Pyme (Monapy) realizó el pasado fin de semana un encuentro en San Rafael para analizar la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas argentinas y definir una agenda de trabajo de mediano y largo plazo. La reunión combinó el diagnóstico de la coyuntura actual con la elaboración de propuestas estructurales para fortalecer al sector.
Con seis años de trayectoria, Monapy se consolidó como un espacio federal que nuclea a más de 30.000 empresas a través de unas 60 mesas distribuidas en todo el país. Se define como un ámbito de pensamiento empresario que no cobra cuotas ni responde a estructuras corporativas tradicionales, y que trabaja en la generación de propuestas desde la experiencia directa del entramado productivo.
Desde la organización destacan el peso estructural de las pymes en la economía argentina: generan cerca del 80% del empleo nacional y aportan alrededor del 50% del PBI. Sin embargo, advierten que ese protagonismo no se refleja en el diseño de políticas públicas.
Uno de los ejes centrales del encuentro fue el impulso a la Ley Pyme, un proyecto propio de más de 50 artículos orientado a resolver problemáticas comunes del sector en todo el país. La iniciativa apunta a atender cuestiones como la alta carga impositiva, especialmente sobre el salario; la litigiosidad laboral; la falta crónica de financiamiento; y la necesidad de una representación unificada que visibilice al sector.
En el plano coyuntural, durante la reunión se expresó preocupación por la baja atención a la microeconomía. Desde el movimiento sostienen que el debate económico argentino continúa concentrado en variables macroeconómicas, mientras que la economía real —donde operan las pymes— queda relegada.
Entre los principales factores de alerta mencionan la presión tributaria, las dificultades para acceder al crédito dentro de un sistema financiero poco orientado al desarrollo productivo y un esquema que desalienta el crecimiento. También remarcan que cualquier programa económico sostenible debe contemplar la economía real y atender los problemas estructurales que afectan a las empresas en todo el territorio.
Frente a este escenario, el movimiento plantea la necesidad de que el sector empresario asuma un rol más activo en la toma de decisiones públicas, incluso a través de una mayor participación en la política. En ese marco, valoran el modelo mendocino de articulación público-privada y el perfil de un empresariado con fuerte arraigo territorial.
El objetivo final es construir una agenda federal que contribuya a generar empleo genuino, fortalecer el entramado productivo y revertir los niveles de pobreza con las pymes como protagonistas centrales.