“Ley Anti Shein”: crece el debate en el Congreso mientras el Gobierno la rechaza
El sector textil volvió a la agenda política con la propuesta de una Ley Anti Shein, un proyecto impulsado por la Cámara Argentina de la Indumentaria que busca regular la importación de productos a través de plataformas digitales de ultra fast fashion. La iniciativa, que prevé controles ambientales, certificados de origen y cambios arancelarios, ya despertó apoyos en el Congreso, aunque encontró un rechazo frontal en el Gobierno.
El espejo más cercano es la ley aprobada en Francia en junio de este año, que incluye tasas ecológicas progresivas por prenda vendida, restricciones a la publicidad y sanciones por incumplimiento de normas ambientales. En Argentina, el paquete incluiría además modificaciones impositivas y aduaneras.
En el Congreso, los primeros respaldos llegaron desde sectores opositores dialoguistas. El diputado Miguel Ángel Pichetto advirtió: El efecto de las importaciones chinas y de las plataformas como Shein es letal para la industria nacional. Hay ajustes de personal en seis de cada diez empresas. Urge implementar fuertes aranceles a estas importaciones. Referentes del radicalismo y de Encuentro Federal también evalúan acompañar la propuesta.
Mientras tanto, la crisis golpea a la industria textil: durante el segundo trimestre del 2025, cinco de cada diez empresas registraron caídas en sus ventas con una merma promedio del 7%. En los últimos dos años, el 80% de las firmas redujo sus ventas, con un retroceso acumulado del 28%, según datos de la Fundación Protejer.
Desde el Gobierno, la respuesta fue contundente. El diputado José Luis Espert calificó a los impulsores como empresaurios impresentables y les reclamó competir: Ya nos vendieron durante décadas un calzón al precio de un yate. Por su parte, el vocero Manuel Adorni acusó a los industriales de querer encarecer artificialmente los precios: Promueven una ley para que los argentinos paguen $240.000 en lugar de $70.000.
El debate recién comienza. Los empresarios planean presentar formalmente el proyecto después de las elecciones y aseguran que trabajan en conjunto con cámaras de otros países, como México, Brasil y Uruguay, que recientemente aplicó un IVA del 22% a las compras digitales internacionales.