Los cinco cambios clave que propone el Gobierno para transformar la industria del vino
El Gobierno nacional avanzó con un proyecto de ley que busca introducir una profunda desregulación de la actividad vitivinícola. La propuesta, elaborada por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, modifica aspectos centrales de la Ley General de Vinos y de la Ley Nacional de Alcoholes, además de impulsar la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). El objetivo oficial es reducir regulaciones y simplificar el funcionamiento del sector, aunque la iniciativa abrió un fuerte debate entre productores, bodegas y entidades de la industria.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la obligación de fraccionar y envasar el vino en origen. De aprobarse la reforma, las empresas podrán separar las distintas etapas del proceso productivo, trasladando el vino para su elaboración o embotellado según criterios comerciales o logísticos. Mientras algunos consideran que esto mejorará la competitividad y reducirá costos, otros advierten que podría afectar el valor agregado que hoy generan las provincias productoras.
El proyecto también introduce modificaciones en la definición legal del vino al reemplazar el concepto de "mosto de uva fresca" por "mosto de uva", lo que habilitaría el uso de diferentes tipos de mostos, incluidos los concentrados o conservados. Además, se flexibilizan las prácticas enológicas, que pasarán a regirse principalmente por los estándares de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), con la posibilidad de que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) autorice nuevos procedimientos.
Otro eje de la reforma apunta a redefinir el rol del INV, que concentrará sus controles en la etapa final de la cadena productiva. La iniciativa elimina algunas facultades de fiscalización sobre el proceso de elaboración y convierte en optativos los controles vinculados al origen, la añada y el varietal cuando respondan a estrategias comerciales. Además, se habilita la mezcla de vinos nacionales con productos importados, una medida que genera posiciones encontradas entre quienes consideran que resta trazabilidad y quienes sostienen que equipara las reglas con otros países productores.
Finalmente, el proyecto propone la eliminación de la Coviar y, con ella, del esquema institucional que desde 2004 ejecuta el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI). La entidad reúne a productores, bodegas y gobiernos para definir políticas de largo plazo para el sector y se financia mediante un aporte obligatorio de las bodegas. Tras el reciente intento del Ejecutivo de eliminar ese aporte por decreto, medida suspendida por la Justicia, la nueva iniciativa busca directamente derogar la ley que dio origen a la corporación, cerrando uno de los capítulos más significativos de la reorganización que impulsa el Gobierno para la industria del vino.