El Gobierno cobrará por operativos de rescate: cuándo se aplicará y cómo se definirá el monto
El Gobierno de Mendoza avanza en la creación de un marco legal que permita cobrar por los operativos de rescate realizados en Alta Montaña o que involucren a cuerpos especiales de seguridad. El Ministerio de Seguridad y Justicia aclaró que no se cobrará el costo total de los operativos, ya que resulta difícil calcular el monto exacto debido a la complejidad de los gastos involucrados. En su lugar, se establecerá un canon basado en varios criterios. Los beneficiarios de estos rescates deberán abonar una tarifa que tendrá en cuenta factores como los riesgos asumidos, el número de patrullas desplegadas, y la posible utilización de helicópteros.
A través de un proyecto de ley presentado esta semana a la Legislatura, el gobernador Alfredo Cornejo propone una modificación de la Ley de la Policía (Nº 6.722), que incluiría un artículo que faculta al Ministerio de Seguridad y Justicia a cobrar un cargo fijo por los operativos de rescate llevados a cabo por la Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña (UPRAM) o cualquier otro cuerpo especial de la Policía.
No obstante, el cobro no será automático ni se aplicará a todos los rescates. En cada caso, se evaluarán diversos factores para determinar si corresponde el cobro, considerando aspectos como los protocolos seguidos, el uso de dispositivos de geolocalización, la negligencia del involucrado, y las características del operativo.
El monto a cobrar será determinado anualmente en la Ley Impositiva y se basará en variables como la cantidad de patrullas involucradas, la duración del operativo, y la intervención de equipos especiales como el Cuerpo de Aviación Policial (CAP) o drones.
¿Quiénes deberán pagar?
El Ministerio de Seguridad explicó que la medida no implica el cobro a todas las personas rescatadas, sino que se aplicará de forma selectiva, tomando en cuenta los criterios establecidos en la ley. Los factores que influirán en la decisión incluyen los riesgos asumidos por los involucrados, el cumplimiento de los protocolos de seguridad y la utilización de tecnologías de localización, como dispositivos de geolocalización o rastreo satelital.