El Gobierno inspeccionó más de 320 locales en el Gran Mendoza y el Sur provincial
El Ministerio de Producción de Mendoza finalizó un operativo de fiscalización de balanzas comerciales en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y brindar mayores garantías a los consumidores. Los controles fueron realizados a través de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial.
La iniciativa, enmarcada en la Ley Nacional 19511 de Metrología Legal, se desarrolló durante abril e incluyó la inspección de más de 320 comercios en el Gran Mendoza y la zona Sur provincial, y abarcó panaderías, carnicerías y fiambrerías.
Durante los controles, los inspectores verificaron el correcto funcionamiento de los instrumentos de medición utilizados en la venta de productos. A partir de las comprobaciones realizadas con equipamiento homologado, se constató que las balanzas cumplen con las condiciones exigidas.
“Los resultados han sido todos positivos. Hemos podido confirmar que las balanzas están en condiciones y que lo que se pesa es efectivamente lo que se le entrega al consumidor”, destacó el director de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, Leandro Roldán. En la misma línea, el funcionario agregó: “Esto nos permite transmitir tranquilidad a los consumidores de la provincia, porque garantiza que en estos comercios se respeta lo que el cliente compra”.
Desde la Dirección recordaron que los comerciantes deben contar con balanzas aprobadas y autorizadas, y realizar las verificaciones periódicas correspondientes, que se efectúan de manera anual.
“Las bases para asegurar la transparencia en la comercialización son claras: utilizar equipos homologados y cumplir con las verificaciones obligatorias. A eso se suman los controles que realizamos de manera permanente”, explicó Roldán.
Estos operativos se desarrollan durante todo el año y forman parte de una política sostenida de fiscalización, que también incluye la verificación de exhibición de precios, correspondencia entre precio informado y cobrado e información al consumidor.