El Gobierno rechazó el pedido de un estatal que solicitaba reducción horaria por el tope salarial
El Gobierno de Mendoza resolvió rechazar el pedido de un empleado estatal que solicitaba una reducción de la jornada laboral en el marco de la aplicación de la Ley de Tope Salarial. La decisión fue oficializada este lunes mediante el Decreto Nº 643, publicado en el Boletín Oficial, con la firma del gobernador Alfredo Cornejo.
El reclamo había sido presentado por Rubén Erario, farmacéutico del Área Sanitaria Capital, dependiente del Ministerio de Salud y Deportes, quien planteaba que el tope establecido por la Ley N° 8727 —que prohíbe que cualquier empleado público gane más que el Gobernador— afectaba su salario, y por eso solicitaba reducir su carga horaria.
Erario interpuso un recurso jerárquico contra una resolución previa de la cartera sanitaria, conducida por el ministro Rodolfo Montero, y argumentó que la aplicación del tope salarial no correspondía en su caso, dado que existían disposiciones anteriores a la sanción de la ley que, según él, deberían prevalecer.
Sin embargo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio analizó el expediente y recomendó el rechazo del recurso, señalando que no había fundamentos legales para exceptuarlo del régimen vigente.
Impacto en el servicio de salud
Desde el propio Área Sanitaria Capital se advirtió que una eventual reducción horaria afectaría el funcionamiento del sistema:
Una reducción horaria impactaría negativamente en el Servicio de Farmacia del Área Sanitaria Capital, teniendo en cuenta que el farmacéutico Rubén Erario es el único profesional del área y tiene a su cargo las farmacias de los Centros de Salud N° 1 B° San Martín, N° 2 San Antonio y N° 1252 UAPSI, señala el informe elevado a la Subsecretaría de Gestión y Administración.
Además, se remarcó que la solicitud también dificultaría la incorporación de nuevos centros de salud y farmacias, prevista en los planes de expansión del sistema.
Ante este panorama, el Ejecutivo resolvió rechazar tanto el pedido de reducción horaria como el recurso jerárquico, ratificando la vigencia de la Ley de Tope Salarial y la necesidad de garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales.