La Provincia reglamentó el uso de terrenos estatales para proyectos mineros
El Gobierno de Mendoza avanzó en la reglamentación del uso de terrenos estatales destinados a la actividad minera, con el fin de establecer condiciones claras para los proyectos que se desarrollan sobre inmuebles de dominio provincial.
La normativa fija criterios específicos para las minas de primera, segunda y tercera categoría, definiendo con mayor precisión los derechos y obligaciones de los titulares de proyectos. Además, busca fortalecer la seguridad jurídica y mejorar la administración de los bienes públicos vinculados a la explotación de recursos minerales.
Uno de los aspectos centrales es que las etapas de prospección y exploración quedarán exentas de nuevas cargas económicas sobre terrenos estatales, una medida orientada a favorecer la búsqueda de nuevos yacimientos y reducir los costos en las fases de mayor riesgo de inversión.
En cambio, para los proyectos de primera y segunda categoría que ya se encuentren en etapa de explotación sobre tierras provinciales, se aplicará un canon por el uso de esos inmuebles. La intención es establecer reglas transparentes sobre cuándo corresponde una contraprestación económica al Estado.
Para las minas de tercera categoría, la reglamentación incorpora parámetros vinculados a la producción, el mineral extraído y la superficie utilizada, además de mecanismos de control y declaración que buscan mejorar la trazabilidad de la actividad.
La elaboración de estas disposiciones contó con la participación de la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado, Fiscalía de Estado y otros organismos provinciales. Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema permitirá combinar el resguardo del patrimonio público con la promoción de inversiones y el desarrollo del sector minero en Mendoza.