Mendoza amplió las facultades policiales y cambió las reglas del uso de armas de fuego
La provincia de Mendoza aprobó una profunda reforma sobre el funcionamiento de la Policía con la sanción de la Ley 9700, que introdujo modificaciones en artículos clave de la Ley 6722 y fue promulgada este lunes. Los cambios apuntan a redefinir las facultades de los efectivos, ampliar criterios de intervención y otorgar mayor respaldo legal frente a situaciones de riesgo.
Uno de los puntos más relevantes de la norma es la ampliación de las circunstancias en las que los policías podrán utilizar armas de fuego. A partir de ahora, la legislación contempla no solo casos de legítima defensa, sino también situaciones de peligro inminente de muerte o lesiones graves, intentos de impedir delitos considerados graves o intervenciones para detener a personas que representen ese riesgo y se resistan a la autoridad.
La reforma también redefine el concepto de “peligro inminente”, incorporando nuevos escenarios que habilitan la actuación policial. Entre ellos aparecen personas que porten armas reales o réplicas aparentemente letales, individuos armados que intenten escapar luego de provocar ataques graves o movimientos que permitan presumir el uso inmediato de un arma.
Otro de los cambios centrales es la creación de un régimen de protección administrativa para los efectivos. La ley establece que, cuando una actuación policial parezca ajustada a derecho, las autoridades no podrán aplicar sanciones disciplinarias hasta que exista una resolución judicial firme que determine responsabilidades.
Además, la normativa amplía las funciones de las fuerzas de seguridad provinciales. Entre las nuevas atribuciones se incorporan tareas de vigilancia, prevención de conflictos en espacios públicos, protección de funcionarios y resguardo de bienes estatales.
Mientras desde el oficialismo sostienen que la reforma busca brindar mayor seguridad jurídica a los efectivos en situaciones complejas, sectores críticos advierten que algunos conceptos incluidos en la ley podrían generar futuras discusiones judiciales por la amplitud de su interpretación.