Nueva etapa del fondo de resarcimiento: cómo el Gobierno controla las obras y asegura el recupero de los recursos
El fondo de resarcimiento por los perjuicios de la Promoción Industrial, conocido en Mendoza como el “tesoro de la provincia”, entró en una nueva etapa. Tras la definición y adjudicación de decenas de proyectos de infraestructura, el Gobierno provincial concentra ahora sus esfuerzos en controlar la ejecución de las obras, evitar sobrecostos y garantizar que el dinero invertido pueda recuperarse.
La administración de esos recursos comenzó a delinearse tiempo antes de que Alfredo Cornejo iniciara su actual mandato como gobernador. En ese contexto, la actual subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, recibió la consigna de pensar en los proyectos que podrían financiarse con el fondo.
Para entonces, el proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento ya se encontraba prácticamente bloqueado por el conflicto con La Pampa. Ese escenario obligó al Gobierno provincial a replantear el destino de los recursos, que originalmente estaban limitados a obras hidroeléctricas.
Baduí, licenciada en Ciencias Políticas, dirigente radical y docente, se desempeñaba en ese momento en el Departamento General de Irrigación. Poco después fue convocada para integrar el gabinete provincial con la tarea adicional de coordinar el complejo sistema de ejecución de los fondos del resarcimiento.
El proceso tomó impulso luego de un acuerdo político entre Mendoza y la Nación que permitió ampliar los proyectos financiables con esos recursos. A partir de ese momento se inició la selección de obras, que hoy abarca decenas de proyectos en distintas etapas.
La coordinación del sistema de obras
Desde la Subsecretaría de Infraestructura se organiza uno de los esquemas administrativos más complejos del Estado provincial. El área participa en todo el circuito de las obras: desde la formulación de los proyectos hasta el control de ejecución y el pago de los certificados.
Antes de adjudicar una obra, el organismo analiza la prioridad del proyecto junto con informes del área de planificación. Una vez iniciados los trabajos, la subsecretaría continúa con el seguimiento de los avances físicos y administrativos.
Además cumple un rol central en el circuito financiero. Los organismos que ejecutan las obras envían los certificados correspondientes, la subsecretaría gestiona los fondos ante el fideicomiso y luego los remite a la Tesorería de la Provincia para su pago.
El programa funciona con distintos subejecutores, entre organismos provinciales y municipios. Entre ellos se encuentran el Departamento General de Irrigación, Aguas Mendocinas, la Dirección Provincial de Vialidad y varios municipios del Gran Mendoza y del Valle de Uco. También participan comunas que forman parte de proyectos de infraestructura turística orientados a atraer inversiones privadas.
Las obras que completarán el uso del fondo
Gran parte de los recursos ya se encuentran comprometidos en obras que están en ejecución, adjudicadas o en proceso de licitación. Sin embargo, todavía quedan algunos proyectos importantes por anunciar que terminarán de completar el uso del fondo.
Entre ellos aparecen iniciativas vinculadas a infraestructura energética y también obras viales relevantes para la provincia.
Uno de los proyectos más importantes es una nueva etapa de la doble vía del Este, que atraviesa los departamentos de San Martín, Junín y Rivadavia. También se espera avanzar con ampliaciones en dos de los accesos más transitados del Gran Mendoza: el Acceso Sur y el Acceso Este.
A su vez, en los próximos días podrían registrarse novedades respecto al Tren de Cercanías, cuya licitación contempla distintos componentes, como la construcción, adquisición del material rodante y concesión del servicio.
El recupero de los fondos
Una de las características del programa es que cada obra contempla algún mecanismo de recupero del dinero invertido por el Estado.
En el caso de los proyectos viales, el repago está previsto mediante sistemas de peaje. Para los municipios, la devolución se establece a través de la coparticipación. En organismos como Irrigación o Aysam, el esquema de recupero se fija mediante plazos y condiciones específicas vinculadas a los usuarios del servicio.
Dependiendo del tipo de proyecto y de su impacto económico, el recupero puede ser total o parcial y extenderse durante varios años.