Qué cambios trae la reforma de la Ley de Glaciares para Mendoza
Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, sancionada en 2010, que otorga a las provincias mayor control sobre la protección y uso de estos ecosistemas, adaptando la normativa a la “satisfacción de necesidades” según la Constitución. Mendoza, que cuenta con gran cantidad de glaciares y ambientes periglaciares, apoyó mayoritariamente el proyecto, que modifica seis artículos y crea uno nuevo.
El cambio más relevante es que las provincias definirán cuáles glaciares deben protegerse, basándose en su función hídrica, sin que el Inventario Nacional sea vinculante. Antes, este inventario determinaba automáticamente la protección y era elaborado por el IANIGLA, organismo que ahora ve debilitado su rol técnico y advierte sobre la posible subjetividad política en la toma de decisiones.
La reforma mantiene los criterios de protección nacional mínimos y obliga a que las provincias realicen estudios de impacto ambiental locales antes de autorizar cualquier actividad en zonas periglaciares. Esto permite una aplicación más precisa de la ley, diferenciando situaciones dentro de ambientes heterogéneos, sin habilitar actividades en áreas sensibles.
En Mendoza se destaca que existen organismos técnicos con experiencia en gestión hídrica y evaluación ambiental, lo que permitiría un manejo científico local de los glaciares. Sin embargo, persiste la preocupación sobre la pérdida de uniformidad en la protección a nivel nacional y la necesidad de asignar presupuesto para garantizar la actualización del inventario y el control ambiental.
En síntesis, la reforma busca dar mayor autonomía a las provincias, adaptando la ley a necesidades concretas y mejorando la aplicabilidad en el territorio, aunque genera debate sobre el equilibrio entre criterios científicos y decisiones políticas.