Traslados de vino: qué cambia con la nueva normativa del INV
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) eliminó el Certificado de Tránsito (CT) como requisito formal para el traslado de vinos y mosto, reemplazándolo por un nuevo esquema digital de comunicación de datos. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca agilizar trámites y modernizar el control sobre los movimientos de productos vitivinícolas.
Qué deja de exigirse y qué debe informarse
Hasta ahora, el Certificado de Tránsito funcionaba como documento físico obligatorio, acompañando la mercadería y certificando legalmente su origen, destino, estado y condiciones. Con la nueva normativa, ese requisito queda derogado.
En su lugar, quienes realicen traslados deberán informar al INV:
Volumen del producto.
Estado del producto (vino, mosto, etc.).
Si el producto está homogeneizado.
Datos analíticos: grado alcohólico y porcentaje de azúcar.
El cambio implica un giro hacia controles más digitales y focalizados, dejando atrás el tradicional “carnet de viaje” del producto.
Plazos y objeciones: 30 días para aceptar envíos
Otra modificación clave es que el receptor del envío tendrá un plazo de 30 días para manifestar objeciones sobre los datos informados o el estado del producto. Si no se formula ninguna observación dentro de ese período, el envío se considerará aceptado automáticamente.
Antes, cualquier disconformidad podía generar revisiones, devoluciones o intervenciones administrativas prolongadas. Ahora, la ausencia de respuesta implica aceptación tácita, lo que obliga a los destinatarios a reforzar sus controles internos y estar atentos a los plazos.
Implicancias para bodegas y operadores
Para bodegas, cooperativas y otros operadores del sector, la eliminación del CT representa una reducción de trámites y costos, además de agilizar despachos y la administración logística.
La nueva normativa marca un paso hacia la digitalización y simplificación de los controles en la vitivinicultura, sustituyendo un mecanismo tradicional por un sistema más ágil basado en la comunicación de datos y plazos claros. Ahora resta observar cómo se implementará en la práctica y si efectivamente reducirá la burocracia sin comprometer la fiscalización del sector.