Allanaron a un abogado, por estafas: qué hallaron en oficinas y domicilios del Gran Mendoza
La causa por estafas vinculadas a inversiones en el Gran Mendoza registró un nuevo avance este sábado con la realización de siete allanamientos simultáneos, en el marco de una investigación que tiene como principal acusado a un abogado recientemente imputado por múltiples hechos de fraude.
Las medidas, dispuestas por la Fiscalía de Instrucción 15, se llevaron a cabo en oficinas del microcentro y en domicilios particulares ubicados en Ciudad, Las Heras, Maipú y Godoy Cruz, dentro de un expediente que busca esclarecer una presunta operatoria fraudulenta relacionada con la captación de inversiones.
Durante los procedimientos se secuestraron más de 50.000 dólares, cerca de 1 millón de pesos argentinos, además de cheques, documentación y una importante cantidad de dispositivos electrónicos, entre ellos computadoras, notebooks, tablets, teléfonos celulares, discos rígidos, un dispositivo de billetera virtual y un sistema DVR de videovigilancia. Todo este material será sometido a peritajes para avanzar en la reconstrucción del esquema investigado.
La causa tomó impulso a partir de denuncias de inversionistas que aseguraron haber sido captados mediante propuestas de inversión con promesas de rentabilidad mensual, que luego no se habrían cumplido en los términos acordados. Según los primeros datos, los hechos iniciales investigados corresponden a siete casos de estafa en concurso real.
El expediente está a cargo del fiscal Hernán Ríos, quien imputó al abogado Jorge Iván Yoma y prevé avanzar también sobre sus presuntos socios, señalados como coautores en la maniobra. A partir de las primeras presentaciones, la suma denunciada asciende a 548.657 dólares, aunque los investigadores estiman que el número de víctimas podría ampliarse significativamente.
De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, el esquema operaba mediante una estructura empresarial bajo el nombre de Asesoría Legal S.A., a través de la cual se ofrecían inversiones en dólares con una rentabilidad estimada del 2,5% mensual, sustentadas en supuestos préstamos prendatarios con garantías superiores al capital aportado.
Los acuerdos se formalizaban mediante contratos de mutuo, lo que, según los denunciantes, contribuía a generar confianza en torno a la operatoria. Sin embargo, sostienen que las sociedades involucradas no contaban con actividad real, y que los fondos habrían sido desviados hacia otros destinos, incluyendo deudas personales, adquisición de bienes a nombre de terceros y operaciones financieras paralelas.
Si bien en una primera etapa algunos inversores habrían recibido rendimientos, hacia fines de 2024 comenzaron a registrarse incumplimientos, atribuidos por los responsables a factores como la situación económica, el contexto electoral y la devaluación. Estas explicaciones no lograron sostener la confianza de los clientes, lo que derivó en una serie de denuncias que dieron origen a la investigación.
Con los elementos recolectados en los allanamientos, la causa entra ahora en una etapa clave centrada en el análisis de documentación y el peritaje de dispositivos, con el objetivo de profundizar la reconstrucción de la maniobra y determinar las responsabilidades penales correspondientes.