FRAUDE
La Justicia mendocina imputará este viernes al abogado Jorge Iván Yoma y a sus socios en una causa por estafa millonaria que investiga un presunto esquema de captación de inversiones en dólares.
El expediente, a cargo del fiscal Hernán Ríos, se consolidó tras allanamientos en oficinas céntricas y barrios privados, donde se incautaron elementos clave para la investigación.
Los procedimientos permitieron secuestrar dispositivos electrónicos y documentación que será analizada para reconstruir la operatoria denunciada.
El fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Hernán Ríos, dispuso que Yoma se presente esta mañana en el Ministerio Público Fiscal, donde será acusado por siete hechos de estafa en concurso real. Posteriormente, serán imputados sus socios, Rodrigo Ramón López Casado y Pablo Daniel Falco como coautores.
A partir de las primeras siete denuncias, la suma defraudada asciende a 548.657 dólares, aunque los investigadores consideran que el número de víctimas podría ser mucho mayor.
De hecho, estiman que alrededor de 70 personas habrían sido afectadas por el esquema.
Cómo operaba el esquema
De acuerdo con los testimonios, los acusados ofrecían inversiones a través de Asesoría Legal S.A., asegurando ganancias mensuales del 2,5% mediante préstamos prendatarios con garantías superiores al capital aportado.
Las operaciones se formalizaban con contratos de mutuo y se respaldaban con una estructura empresarial que, según los denunciantes, generaba confianza por su apariencia y funcionamiento.
Sin embargo, sostienen que esas sociedades carecían de actividad real y que los fondos fueron desviados hacia otros destinos, incluyendo pago de deudas personales o la adquisición de bienes a nombre de terceros y operaciones financieras paralelas.
Si bien al inicio algunos inversores recibieron rendimientos, hacia fines de 2024 comenzaron los incumplimientos, que los responsables atribuían a la situación económica, el contexto electoral y la devaluación.
Las explicaciones no convencieron a los inversionistas, que comenzaron a denunciar el caso a finales del año pasado.
Entre enero y marzo se sumaron nuevas presentaciones, mientras que otros afectados continúan acercándose a la Justicia para aportar sus casos.
De acuerdo con fuentes del caso, los imputados no quedarán detenidos, aunque deberán cumplir una serie de medidas para seguir en libertad. Entre ellas, se prevé la fijación de una fianza, la entrega de pasaportes, la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia.
