Alerta constitucional: advirtieron que la reforma laboral podría caer en manos de la Justicia
El abogado constitucionalista Diego Armesto afirmó que la reforma laboral aprobada en el Senado presenta “inconsistencias” y artículos que se contradicen entre sí, lo que podría derivar en planteos de inconstitucionalidad ante la Justicia.
Según explicó, en el texto sancionado “se quiebra el principio de razonabilidad”, ya que un artículo que permanece vigente de la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) entraría en contradicción con disposiciones incorporadas en la nueva normativa. Para el especialista, este escenario “abre la puerta a la interpretación judicial y eventualmente a la declaración de inconstitucionalidad”.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Armesto sostuvo que es necesario “revisar todo el proyecto”, debido a que existirían numerosos puntos “mal redactados”. Como ejemplo, mencionó el denominado “artículo de las 12 horas”, en el cual —según indicó— no se establece con claridad el tope de horas diarias de trabajo, lo que podría generar conflictos legales.
El constitucionalista advirtió que varios artículos podrían ser cuestionados por su carácter “regresivo”, al considerar que vulnerarían el principio de progresividad en materia laboral, es decir, la protección de derechos adquiridos por los trabajadores.
En ese marco, anticipó una inminente judicialización de la reforma laboral, aunque aclaró que “será la Justicia la que determine finalmente si corresponde o no declarar la inconstitucionalidad”.
Armesto también cuestionó el proceso legislativo. Señaló que la redacción final del proyecto fue difundida apenas 15 minutos antes de la sesión, lo que calificó como un hecho “grave” por afectar el derecho a la información pública y la transparencia legislativa. “Se tiene que saber todo lo que está haciendo el Estado, no se puede esconder un proyecto de ley”, enfatizó.
En su análisis político, sostuvo que el oficialismo habría priorizado otros aspectos del paquete normativo, como la baja de la carga tributaria y acuerdos con gobernadores y sectores del sindicalismo, relegando la precisión técnica en lo vinculado a los derechos individuales.
Finalmente, el constitucionalista consideró que “ni siquiera los senadores sabían lo que votaron”, y remarcó que la Cámara de Diputados debería introducir las correcciones necesarias antes de avanzar con la sanción definitiva del proyecto.