Caso YPF: los fondos buitres presionan para que Argentina sea sancionada en EE.UU.
La disputa judicial por la expropiación de YPF incorpora un nuevo episodio clave en los tribunales de Nueva York. Este jueves, los fondos Petersen y Eton Park presentarán un escrito ante la jueza Loretta Preska en el que solicitarán que la Argentina sea declarada en desacato, al considerar que el Estado incurrió en demoras injustificadas en la entrega de pruebas centrales para el proceso.
El planteo se apoya en presuntos incumplimientos dentro de la etapa de discovery. Según los demandantes, el Estado argentino no habría aportado la totalidad de los correos electrónicos, mensajes oficiales y comunicaciones de funcionarios actuales y anteriores requeridos por la corte estadounidense.
El avance de esta estrategia fue detallado por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en el litigio, quien señaló que los beneficiarios del fallo iniciarán un proceso prolongado para convencer a la jueza Preska de que la Argentina incurrió en desacato judicial. En ese marco, los fondos solicitarán una serie de medidas correctivas y punitivas.
Entre las acciones reclamadas figuran sanciones económicas adicionales, la aplicación de presunciones adversas —mediante las cuales el tribunal podría dar por probados hechos que surgirían de los correos no entregados— y la imposición de cronogramas estrictos para forzar la remisión de la información pendiente.
Desde la otra vereda, la posición del Gobierno es de rechazo absoluto. De acuerdo con Maril, la Argentina sostiene que ha cumplido con todas las órdenes impartidas por la jueza y cuestiona los argumentos que serán presentados por los demandantes.
Esa línea es respaldada por la Procuración del Tesoro, desde donde los abogados del Estado advierten que cualquier sanción en esta etapa sería prematura y podría vulnerar el derecho de defensa de un Estado soberano.
Sin embargo, el conflicto excede la discusión técnica sobre los correos electrónicos. El objetivo de fondo de los fondos litigantes es avanzar en la identificación de activos embargables. En ese sentido, buscan probar que organismos y empresas públicas como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas funcionan como un “alter ego” del Estado argentino.
Si esa tesis prospera, los demandantes podrían obtener una herramienta decisiva para que la justicia estadounidense habilite el embargo de cuentas y bienes de esas entidades, con el fin de ejecutar la sentencia multimillonaria derivada del caso YPF.