MEDIA SANCIÓN

Con apoyo masivo, Diputados aprobó fondos para universidades y complicó al oficialismo

La Cámara de Diputados aprobó una ley clave para recomponer el presupuesto universitario y garantizó su actualización por inflación. El oficialismo quedó aislado y con margen estrecho para frenar la avanzada en el Senado.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, el proyecto de ley que recompone y actualiza los fondos destinados a las universidades nacionales, lo que representa un fuerte revés político para el presidente Javier Milei, quien había manifestado su rechazo a la iniciativa.

El proyecto —redactado por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)— será enviado en las próximas horas al Senado, donde también cuenta con perspectivas favorables de ser sancionado, en un contexto de creciente distancia entre el oficialismo y los gobernadores dialoguistas, que hasta ahora habían sostenido a La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso.

La propuesta impulsa una recomposición presupuestaria desde mayo a diciembre de 2024, y establece, a partir de enero de este año, una actualización bimestral en base a la inflación, a fin de evitar nuevos deterioros en el financiamiento del sistema universitario.

 

Entre los puntos más destacados, se prevé que el presupuesto universitario alcance el 1% del PBI, que se disponga una suma adicional para carreras estratégicas y que se convoque a paritarias para docentes y no docentes.

Además, el proyecto establece un mecanismo para compensar la pérdida salarial acumulada desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley, y ordena una actualización salarial bimestral equivalente —como mínimo— a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

También se contempla que en 2025 se complete la incorporación al salario básico de todas las sumas no remunerativas y no bonificables que se hayan venido percibiendo hasta ahora por fuera del convenio.

En términos de control y transparencia, se faculta a la Auditoría General de la Nación (AGN) a realizar el control administrativo externo de todas las universidades de gestión estatal, debiendo remitir al Congreso de la Nación los informes de seguimiento y control.