Diputados opositores impulsan una ley de reparación para las víctimas del fentanilo contaminado
El diputado nacional por Unión por la Patria, Eduardo Valdés, presentó un proyecto de ley para otorgar una reparación integral e igualitaria a víctimas sobrevivientes y familiares directos de las víctimas fatales de la tragedia del fentanilo contaminado, ocurrida meses atrás debido a la circulación de medicamentos adulterados en el mercado.
La propuesta contempla una subvención económica equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles, junto con prestaciones de salud, asistencia social, reinserción educativa e inserción laboral. Además, establece una pensión vitalicia para hijos y cónyuges de las personas fallecidas, y beneficios específicos para los sobrevivientes que hayan sufrido incapacidades derivadas de la intoxicación.
Según el texto, la subvención no será incompatible con futuras indemnizaciones judiciales o extrajudiciales, y podrá ser percibida por hijos menores de hasta 18 años, o estudiantes de hasta 25 años con la debida acreditación. También alcanzará al cónyuge o conviviente que demuestre al menos dos años de convivencia previa al fallecimiento de la víctima.
En el caso de las víctimas sobrevivientes, el beneficio permanecerá vigente durante todo el período en que persista la incapacidad laboral ocasionada por el fentanilo contaminado o adulterado.
“El Estado tiene la obligación de asumir un compromiso social ante esta tragedia, brindando una respuesta integral a los familiares de las víctimas y a quienes sobrevivieron”, afirmó Valdés, autor de la iniciativa que también cuenta con el respaldo de otros diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda.
El legislador advirtió que “la inoperancia estatal y la negligencia privada dejaron una herida abierta en la sociedad argentina”, y subrayó la urgencia de avanzar con una norma que ofrezca reparación y justicia social a quienes quedaron desamparados.
El proyecto crea el Programa de Reparación Integral a Familiares de Víctimas Fatales y Víctimas Sobrevivientes del Fentanilo Contaminado o Adulterado, que quedará bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, responsable de su implementación y de la coordinación con las provincias afectadas. También establece un Consejo de Control y Seguimiento integrado por familiares de víctimas, ONG y organismos públicos, encargado de asegurar la transparencia y efectividad en la aplicación de la ley.
“Muchas familias perdieron no solo a sus seres queridos, sino también su sustento económico. No podemos permitir que, además del dolor, carguen con el abandono del Estado”, concluyó Valdés.