Diputados peronistas denunciaron a Caputo por presunta manipulación de los datos de la inflación
Los diputados nacionales de Unión por la Patria, Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca presentaron este viernes una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas acciones irregulares que, según sostienen, distorsionaron el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La presentación judicial responde a la decisión oficial de no aplicar el nuevo índice de precios al consumidor (IPC), que —de acuerdo con la denuncia— ya estaba listo para implementarse desde enero. La acusación es por violación de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (artículo 157), falsificación de documentos públicos (artículo 293) y por presunta violación del secreto estadístico, previsto en el artículo 17 de la ley 17.622.
Según precisó Strada en su cuenta de la red social X, el ministro “incurrió en irregularidades varias”, entre ellas ordenar que se mantenga el cálculo del IPC basado en componentes desactualizados.
La legisladora explicó que en octubre de 2025 el INDEC había resuelto aplicar una nueva metodología a partir de enero de 2026. Sin embargo, afirmó que la decisión de Caputo —según declaraciones públicas del propio ministro— apunta a postergar el nuevo índice hasta que finalice la recomposición tarifaria, que tendría un impacto directo en los precios al consumidor.
Para Strada, se trata de una conducta que evidencia un posible abuso de autoridad, al interferir en la independencia técnica del organismo estadístico.
Impacto en jubilaciones y paritarias
La diputada advirtió además que la presunta manipulación del instrumento de medición estadístico podría generar graves consecuencias sociales, económicas y políticas. En particular, señaló que el IPC impacta en la fórmula de cálculo previsional para jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en la negociación colectiva establecida en los acuerdos paritarios del sector público y privado.
Strada también sostuvo que el ministro publicó un mensaje en X en el que reconoció la diferencia de resultados en la variación del IPC según la metodología aplicada, e incluso habría adelantado el resultado correspondiente a enero de 2026 antes de su difusión oficial.
“De esta forma, el ministro incurrió en la violación del secreto estadístico, previsto en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622”, afirmó la legisladora.
Un indicador clave para la macroeconomía
En su argumentación, la diputada subrayó que el IPC es uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico nacional, ya que influye directamente en negociaciones salariales, actualización de jubilaciones, contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas, decisiones financieras, política monetaria y en la credibilidad macroeconómica del Estado argentino.
Por esa centralidad, remarcó, el ordenamiento jurídico argentino establece un marco normativo destinado a garantizar la independencia técnica del organismo estadístico, prohibiendo cualquier interferencia política en la producción, validación y difusión de datos oficiales.
“Tenemos la responsabilidad de velar por ese cumplimiento”, concluyó Strada, en una denuncia que abre un nuevo frente judicial y político en torno a la medición de la inflación y la transparencia de las estadísticas públicas.