REESTRUCTURACIÓN

El Gobierno disuelve la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda

La medida, oficializada a través del Decreto 70/2025, transfiere sus funciones a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Se disuelven fondos fiduciarios y quedan en incertidumbre programas y obras en curso.

El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que ahora quedará bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 70/2025, responde a la postura del Ejecutivo de que la política habitacional debe ser gestionada por provincias, municipios y el sector privado, reduciendo la intervención del Estado nacional en esta área.

Impacto en programas y empleo

Con esta medida, también se disuelven o entran en proceso de liquidación tres fondos fiduciarios clave en el financiamiento de viviendas:

  • ProCreAr
  • Casa Propia
  • Fondo Nacional de Vivienda

El Gobierno no ha especificado qué ocurrirá con los créditos y obras en ejecución, generando incertidumbre entre beneficiarios y trabajadores del sector. Se estima que alrededor de 500 empleados podrían perder sus puestos debido a la reestructuración.

Reorganización del Ministerio de Economía

La disolución de la secretaría es parte de un proceso más amplio de reorganización dentro del Ministerio de Economía, que ahora contará con 14 secretarías y 31 subsecretarías.

A partir de esta reestructuración, la Secretaría de Obras Públicas asumirá nuevas funciones, entre ellas:

  • Diseñar y ejecutar políticas de integración socio-urbana.
  • Gestionar infraestructura, mantenimiento y conservación de espacios públicos.
  • Supervisar la finalización, cierre y transferencia de programas de vivienda y desarrollo territorial.

Además, la medida alcanza a la ex-Secretaría de Integración Sociourbana (SISU), que estaba bajo la mira del Gobierno por presuntas irregularidades en la asignación de fondos del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), actualmente desfinanciado y paralizado desde octubre.

Con esta decisión, el Ejecutivo avanza en su plan de reducción del Estado, dejando en manos de gobiernos locales y el sector privado la planificación y ejecución de políticas habitacionales.