El Gobierno envía el proyecto para “cercar el déficit cero y frena la emergencia en discapacidad
El objetivo es que cualquier, inversión, nuevo gasto o baja de ingresos se compense con un recorte equivalente. La medida se suma a la intención de incluir la regla fiscal en el Presupuesto 2026, que deberá presentarse el próximo 15 de septiembre.
Sin embargo, las chances de que se trate antes del recambio legislativo son bajas, por lo que el proyecto podría quedar, como ocurrió con el “Plan Colchón”, a la espera en el Congreso.
Emergencia en discapacidad: choque político y judicial
En paralelo, el Gobierno enfrenta el avance de la oposición que insiste con la Ley de emergencia en discapacidad, aprobada en Diputados. La norma declara la emergencia, actualiza prestaciones y amplía la cantidad de Pensiones No Contributivas, con una inversión estimada entre 0,26% y 0,46% del PBI, según la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC).
En la Casa Rosada ya anticipan que no financiarán esa iniciativa y evalúan recurrir a la Justicia para denunciar que carece de fuente de financiamiento, en línea con lo que establece la Ley de Administración Financiera.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud prepara un aumento en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que se anunciaría antes de que el Senado trate el veto presidencial. La apuesta oficial es que esa medida convenza a algunos senadores para frenar la insistencia.
“Si no hay fondos, no se va a respetar la ley”, repiten en Balcarce 50 al límite del ejercicio democrático, aunque reconocen que una eventual promulgación abriría la puerta a reclamos judiciales contra el ministro Mario Lugones y la Agencia Nacional de Discapacidad.
Prioridades fiscales en juego
La ley de discapacidad se suma a otras medidas aprobadas por el Congreso que promueve una adecuación de las cuentas públicas en favor de beneficios a a sectores de la ciudadanía, entre ellas:
Emergencia en salud pediátrica, con una inversión fiscal anualizada de $133.433 millones.
Financiamiento Universitario, una inversión que rondas entre 0,14% y 0,16% del PBI.
Modificación del reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) vía coparticipación, con un impacto estimado de entre 0,3% y 0,5%.
Desde la Casa Rosada anticipan que todas estas normas serán vetadas por el Presidente, mientras buscan apoyo para que su regla fiscal se convierta en un dique legal contra las iniciativas que promuevan desde la oposición, especialmente el peronismo.