El Gobierno restringió el ingreso de periodistas a Casa Rosada tras una denuncia por espionaje
El Gobierno nacional dispuso la prohibición temporal del ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, en el marco de una medida preventiva vinculada a una denuncia por presunto espionaje en dependencias oficiales.
La decisión se conoció tras una presentación realizada por Casa Militar, luego de que se detectara el uso de lentes inteligentes con capacidad de grabación en áreas comunes del edificio gubernamental.
Una medida preventiva y general
Según fuentes oficiales, la restricción alcanza a todos los periodistas acreditados y responde a la sospecha de posibles maniobras de espionaje ilegal dentro de la sede del Poder Ejecutivo.
El Gobierno sostiene que la medida es transitoria, mientras se evalúan los alcances del hecho y se investiga si existen otros episodios similares.
La denuncia en el centro del conflicto
El episodio que detonó la decisión involucra a un trabajador de prensa que habría utilizado dispositivos tecnológicos para registrar imágenes en zonas no habilitadas de la Casa de Gobierno.
A partir de ese hecho, Casa Militar presentó una denuncia penal, al considerar que podría tratarse de una maniobra con fines de espionaje.
Hipótesis de una red más amplia
Desde el Ejecutivo no descartan que el caso forme parte de un esquema más amplio de espionaje contra la administración pública, una hipótesis que el propio presidente ha mencionado en sus intervenciones públicas.
En ese marco, se analiza si podrían existir otros actores vinculados a tareas de recolección de información dentro de dependencias oficiales.
Antecedentes recientes
No es la primera vez que el Gobierno toma decisiones de este tipo. En otra oportunidad, había restringido el acceso a determinados medios en el marco de sospechas no comprobadas sobre operaciones informativas, aunque posteriormente esas medidas fueron revertidas.
La decisión abre un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y la prensa acreditada, en un contexto marcado por denuncias, sospechas de espionaje y restricciones al acceso a la información en la sede del Poder Ejecutivo.