FUERTE AJUSTE

El Gobierno vetó la Ley de Emergencia Pediátrica y desató nuevas críticas por el ajuste en salud

El presidente Javier Milei rechazó la norma que garantizaba recursos y mejoras salariales para el sector pediátrico. El oficialismo argumentó falta de financiamiento y riesgos fiscales, mientras la oposición lo había aprobado con amplia mayoría.

El Gobierno nacional oficializó este jueves el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica, sancionada en agosto por el Congreso con un fuerte respaldo opositor. La medida generó malestar en el sector de la salud, que esperaba una recomposición salarial y un refuerzo presupuestario para la atención de los pacientes.

La decisión se publicó en el Boletín Oficial a través del Decreto 651/2025, en el que se devuelve el proyecto al Congreso para un eventual nuevo tratamiento. Desde Casa Rosada argumentaron que la iniciativa “no contaba con financiamiento genuino” y que su aplicación hubiera comprometido la estabilidad presupuestaria de la Nación y las provincias.

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El texto aprobado por el Parlamento contemplaba un incremento salarial para pediatras y personal de salud, además de la asignación prioritaria de insumos críticos, medicamentos y vacunas durante un año. También incluía una exención del impuesto a las Ganancias para médicos y residentes que realicen guardias o tareas esenciales.

Para el Gobierno, estas disposiciones hubieran generado distorsiones salariales en el sistema sanitario y un fuerte impacto fiscal. Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación implicaba un gasto adicional de $65.573 millones, mientras que la exención impositiva habría reducido ingresos por más de $115.000 millones.

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El veto se suma a la reciente anulación de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que refuerza la estrategia del presidente Milei de rechazar toda iniciativa que incremente el gasto público. “No hay plata”, repiten desde el entorno presidencial, mientras crecen las tensiones con la oposición y con sectores sociales que reclaman asistencia urgente.

El proyecto había surgido como respuesta a los reclamos del Hospital Garrahan, que desde hace meses encabezaba protestas en defensa de mejoras salariales y recursos para sostener la atención pediátrica. Con el veto presidencial, la definición vuelve ahora al Congreso, donde se anticipa un nuevo choque político.