El Gobierno de Javier Milei vetó por completo el Proyecto de Ley Nº 27.795, que buscaba garantizar un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes. La decisión fue formalizada a través del Decreto 647/2025, publicado el miércoles, y marca un fuerte rechazo a la iniciativa aprobada por el Congreso el pasado 21 de agosto.
El proyecto vetado planteaba medidas para consolidar el financiamiento universitario en todo el país, incluyendo partidas presupuestarias específicas para garantizar la formación continua, asegurar condiciones laborales y salariales, incrementar recursos en tecnología digital, ampliar la oferta educativa, fortalecer la investigación, promover la extensión universitaria y profundizar los programas de bienestar estudiantil. Además, contemplaba la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades según la variación del IPC informado por el INDEC.

El veto total responde a la intención del Ejecutivo de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en sus facultades administrativas. Sin embargo, la medida genera un nuevo foco de conflicto con las universidades y la oposición parlamentaria, que habían impulsado la ley para garantizar la calidad y accesibilidad de la educación superior en Argentina.
