El informe de la comisión investigadora acusó a Milei de haber facilitado la estafa de $Libra
La comisión investigadora especial de la criptomoneda Libra presentó su informe final, donde concluyó que la promoción pública que el presidente Javier Milei hizo de un “negocio privado” desde una cuenta oficial fue “condición necesaria” para que la estafa a miles de inversores se consumara. Por este motivo, instó al Congreso a evaluar si hubo “mal desempeño” del mandatario en el “ejercicio de sus funciones”.
El documento, de 204 páginas, detalla la responsabilidad política del Presidente y de varios funcionarios, describe el entramado con lobbystas como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y revela que Milei y estos intermediarios ya habían participado de tres operatorias financieras similares vinculadas a criptomonedas.
El informe, elaborado bajo la presidencia de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), afirma que la promoción del proyecto $LIBRA no fue un hecho aislado: recuerda que en diciembre de 2024 ocurrió algo similar con la moneda KIP Protocol, también impulsada por Milei, además de otros casos previos con Coin X y Vulcano.
Según los diputados opositores —con un papel destacado de Juan Marino (Unión por la Patria)—, las afirmaciones del Presidente sobre su desconocimiento del proyecto “carecen de sustento fáctico”.
En ese sentido, lo acusaron de violar la Ley de Ética en la Función Pública. Sostuvieron que, sin la promoción realizada por Milei desde su cuenta oficial, el proyecto $LIBRA no habría tenido el nivel de compras alcanzado, y remarcaron que el mandatario jamás pudo explicar cómo obtuvo el link con el número de contrato del token, información que “no era de circulación pública”.
El informe también denuncia que el Presidente no consultó a los organismos de control antes de promocionar el criptoactivo, comprometiendo su investidura en un acto que “desdibuja los límites entre lo público y lo privado”.
Además, se involucró a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por autorizar el ingreso a Casa Rosada y Olivos de los empresarios y lobbystas señalados en lo que se investiga como una estafa de alcance internacional.
Los diputados también cuestionaron a los hermanos Milei y a altos funcionarios como Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva, acusándolos de “incumplimiento de deberes” por ausentarse a las citaciones de la comisión, lo que “entorpeció las facultades constitucionales”.
En las conclusiones, la comisión plantea que el Congreso debe evaluar si el Presidente incurrió en mal desempeño, al detectar un “patrón sostenido de acciones y omisiones” incompatible con sus deberes constitucionales: la promoción de un token cripto no auditado, la inacción ante advertencias formales, la falta de controles internos, y el uso de instalaciones oficiales para reuniones con los promotores del token.
El final de la comisión
La reunión de este martes cerró la décima sesión y marcó el final de la comisión, creada tras el escándalo internacional del 14 de febrero, cuando Milei promocionó el criptoactivo Libra bajo el nombre “Viva la Libertad Project”, presentándolo como una herramienta para financiar pymes.
En la práctica, sostienen, usó su investidura presidencial y su popularidad para inducir a miles de usuarios a invertir en un esquema donde solo ganaron quienes tenían información privilegiada, provocando pérdidas millonarias.
Tras meses de parálisis por el bloqueo del oficialismo, la comisión pudo reactivarse gracias a un proyecto de Ferraro. Con la sala colmada, se leyó el informe final con más de 200 páginas de consideraciones y recomendaciones.
En el debate, Marino —que trabajó hasta la madrugada en el documento— sostuvo que la presentación de Libra como un proyecto para desarrollar pymes era, técnicamente, más cercana a una meme coin manipulada para ejecutar un rug pull.
Recordó que el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió en el Congreso que Milei evitó consultar a los organismos de control respecto a posibles conflictos de interés, lo que compromete la Ley de Ética Pública.
Según Marino, el “endorsement” presidencial no fue un error, sino una decisión deliberada para eludir controles y apuntalar un negocio privado, generando un daño persistente a la credibilidad institucional.
También intervino Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), quien señaló un “patrón de conducta” que involucra a Milei y Novelli, configurando un daño “muy grave” a la credibilidad del país.
Desde la izquierda, Christian Castillo (PTS-FIT) refutó el argumento de Milei de que actuó como “ciudadano común”, recordando que la publicación provino de una cuenta con tilde gris, reservada a altos funcionarios.
Castillo también desmintió que el contrato de Libra fuera público, remarcando que no existe explicación sobre dónde circulaba ese link que permitió ejecutar la maniobra. Según el diputado, solo podía accederse con información privilegiada, vinculada a las reuniones previas de Milei con figuras cripto como Hayden Davis, Novelli y Terrones Godoy.
“Sin ese contrato, no había posibilidad de estafa, no había posibilidad de rug pull”, sentenció.