POLÉMICA PAUTA

El Presupuesto 2026: el Gobierno recortará fondos a universidades y en discapacidad

El dictamen de mayoría del Presupuesto 2026 incluye la derogación de leyes clave para financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, reabriendo un fuerte conflicto político.

El Gobierno logró este martes emitir el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, aunque el avance del proyecto quedó atravesado por una polémica de último momento: la incorporación de un artículo que deroga leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.

Ambas normas habían sido aprobadas previamente por el Congreso con mayorías agravadas y luego vetadas por el presidente Javier Milei.

El despacho oficial reunió 28 firmas de respaldo, con seis disidencias, y contó con el apoyo de La Libertad Avanza, PRO, UCR, MID, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca e Independencia.

Por su parte, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 18 firmas, mientras que el interbloque Provincias Unidas impulsó una tercera propuesta. Con esto, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto este miércoles 17 de diciembre.

 

El artículo que generó la controversia

La controversia se centró en el artículo 75, incorporado a último momento, que elimina las leyes 27.795 y 27.793, referentes al financiamiento de universidades nacionales y a la emergencia en discapacidad, además de dejar sin efecto partidas destinadas al Hospital Garrahan.

La ley de financiamiento universitario establecía un esquema progresivo de inversión, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031, destinado a recomponer salarios de docentes y no docentes, actualizar gastos de funcionamiento y crear fondos para infraestructura, becas y carreras estratégicas.

Por su parte, la ley de emergencia en discapacidad aseguraba que el derecho a la salud, la educación y la rehabilitación debía prevalecer frente a restricciones presupuestarias, en línea con compromisos constitucionales e internacionales del Estado argentino.

Tensión institucional durante el año

El recorrido de ambas leyes estuvo marcado por creciente tensión institucional. En el caso de discapacidad, la Justicia Federal declaró inválido un decreto que suspendía su aplicación y ordenó su vigencia tras un amparo colectivo, aunque la medida nunca llegó a implementarse de manera efectiva por el Ejecutivo.

Con la incorporación de estas derogaciones en el Presupuesto 2026, se reabre un conflicto político significativo, que anticipa un debate intenso en el recinto y posibles enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición.