Esta semana se define en Diputados la reforma de la Ley de Glaciares y Mendoza está en el centro de la polémica
Luego de semanas de intenso debate y de una multitudinaria audiencia pública en la que se anotaron más de 100.000 oradores, la Cámara de Diputados se apresta a tratar este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y que divide aguas en el arco político y social.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno Nacional, propone modificar la Ley 26.639 para que la protección solo alcance a los glaciares y geoformas periglaciales que las provincias determinen como “funciones hídricas relevantes”. Esto implica que cada jurisdicción podrá definir qué áreas protege y en cuáles se podrían habilitar actividades actualmente prohibidas, como la megaminería.
En ese contexto, Mendoza se posicionó como una de las provincias clave detrás de la reforma. El Gobernador Alfredo Cornejo ya se había manifestado a favor de los cambios, y durante la votación en el Senado los representantes mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri votaron a favor del texto, mientras que Anabel Fernández Sagasti lo rechazó.
“No se toca la protección, buscamos que la norma sea efectiva en la práctica”, defendió la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, quien también impulsó la necesidad de actualizar el inventario de zonas periglaciares en la provincia para dar previsibilidad a las inversiones.
Sin embargo, la reforma enfrenta un fuerte rechazo de la oposición y de organizaciones ecologistas, que ya advirtieron que la norma terminará judicializada por inconstitucional, ya que vulnera los presupuestos mínimos de protección ambiental que fija la Constitución Nacional. Para las provincias cordilleranas como Mendoza, la Cordillera de los Andes es la principal fuente de agua dulce, y los glaciares cumplen una función clave en la regulación de los caudales de los ríos.
El oficialismo, por su parte, confía en tener los votos necesarios para lograr la sanción definitiva este miércoles, con el respaldo de los gobernadores dialoguistas. De aprobarse, la norma permitiría a provincias como Mendoza avanzar en proyectos mineros en zonas de alta montaña que hasta ahora permanecían vedados.