POLÉMICA REFORMA
La Cámara de Diputados llevará adelante este miércoles y jueves dos audiencias públicas clave en el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada previamente por el Senado, en un contexto atravesado por cuestionamientos a la limitación en la participación ciudadana.
El esquema definido por La Libertad Avanza (LLA) establece que solo 400 oradores podrán exponer de un total de más de 100 mil inscriptos, bajo un formato mixto que combina modalidad presencial y virtual. De ese total, 200 participantes disertarán este miércoles entre las 10 y las 19 de manera presencial, mientras que otros 200 lo harán el jueves vía remota. El resto deberá canalizar su postura mediante el envío de un documento escrito o un video.
La organización del proceso quedó bajo la órbita de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, presididas por José Peluc y Nicolás Mayoraz, quienes además fijaron un límite estricto de cinco minutos por expositor, en un intento por garantizar la dinámica de las jornadas.
La decisión de restringir la participación generó fuertes críticas desde sectores de la oposición, incluidos el peronismo, la izquierda y bloques provinciales, que reclamaron ampliar tanto la cantidad de oradores como los días de debate. Sin embargo, el oficialismo ratificó el cronograma previsto para el 25 y 26 de marzo.
En paralelo, el proceso sumó un capítulo judicial. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, rechazó una medida cautelar que buscaba suspender las audiencias, al considerar que no se acreditó la verosimilitud del derecho necesaria para frenar un acto parlamentario. La presentación había sido impulsada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto a la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis.
No obstante, aún permanece sin resolución otra cautelar presentada ante el Juzgado Contencioso N° 7, liderado por el juez Enrique Lavié Pico, que fue impulsada por diversas organizaciones ambientalistas.
Entre ellas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace solicitaron que el Congreso garantice la participación oral plena de todos los inscriptos en el debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares.
