Inhabilitado por la Justicia, Marcelo Romano no pudo asumir como concejal en San Carlos
La asunción de concejales en San Carlos tuvo un giro inesperado cuando Marcelo Romano no pudo acceder a su banca debido a una inhabilitación judicial vigente que le prohíbe ejercer cargos públicos.
El dirigente, que había sido electo en los comicios de octubre, cuenta con una condena firme que incluye 10 meses de prisión condicional y una inhabilitación por 20 meses, sanción que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este escenario legal le impide asumir funciones hasta, al menos, enero de 2028.
Pese a la resolución, Romano se presentó en el Concejo Deliberante de San Carlos con la intención de jurar. Sin embargo, el cuerpo legislativo ya había recibido la notificación oficial sobre la vigencia de la sentencia, lo que derivó en su exclusión del acto formal. La situación generó momentos de tensión en las inmediaciones del recinto.
El origen de la causa se remonta a 2019, cuando el entonces legislador protagonizó un episodio durante un procedimiento policial vinculado a su hija. La Justicia determinó que su accionar constituyó el delito de atentado a la autoridad agravado, fallo que fue confirmado en todas las instancias judiciales tras el rechazo de los planteos de la defensa.
El caso también tuvo impacto en el ámbito político. En 2020, el Senado de Mendoza aprobó su desafuero, lo que permitió avanzar con la investigación judicial. Más adelante, en 2024, fue suspendido en el Senado de la Nación, sin goce de haberes y con la apertura de un sumario administrativo.