La causa por sobreprecios en la ANDIS entró en fase crítica, con la apertura de servidores y móviles
La Justicia Federal resolvió avanzar con la apertura de los servidores y dispositivos electrónicos de los directivos de la droguería Suizo Argentina, en lo que constituye un movimiento estratégico dentro de la investigación por presunta corrupción, sobreprecios y retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La decisión se produce luego del procesamiento del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y apunta ahora a peritar los móviles, celulares y computadoras de los hermanos Jonathan Kovalivker y Emanuel Kovalivker, propietarios de la firma. El objetivo central es reconstruir chats y correos electrónicos vinculados a licitaciones y contrataciones estatales.
Peritaje tecnológico y software forense
Meses atrás, los peritos judiciales habían advertido dificultades técnicas para acceder al teléfono de uno de los empresarios debido a la tecnología avanzada del dispositivo, un equipo de última generación. Ante ese escenario, se recurrió a software forense especializado, específicamente Cellebrite, herramienta utilizada para la extracción y análisis de datos en investigaciones complejas.
La apertura de los dispositivos es considerada una instancia clave para determinar si existió un esquema estructurado de pagos indebidos destinado a asegurar contratos multimillonarios con el Estado.
Procesamientos y figura penal
En paralelo, el juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento de 19 personas, además de Spagnuolo, bajo los cargos de “asociación ilícita” y “fraude contra la administración pública”. La hipótesis judicial busca confirmar si la droguería de los Kovalivker actuó como intermediaria en el pago de coimas dentro de un esquema orientado a direccionar contrataciones públicas.
Reconfiguración institucional y tensión política
Mientras la causa judicial escala, el Gobierno Nacional dispuso la disolución de la ANDIS y promovió una nueva estructura institucional bajo la órbita del Ministerio de Salud, donde se creó la Secretaría Nacional de Discapacidad.
La administración del presidente Javier Milei argumentó que el traspaso respondió a criterios de “transparencia” y eficiencia en la gestión de recursos públicos, en un contexto atravesado por denuncias y filtraciones.
En ese marco, también quedó bajo análisis la eventual implicancia de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, luego de que se difundieran audios que sugerirían la existencia de porcentajes o retornos presuntamente destinados a su entorno. Desde el círculo cercano al oficialismo niegan cualquier involucramiento.
La Justicia, sin embargo, continúa evaluando pruebas que podrían vincular a personas de confianza del oficialismo, entre ellas Eduardo "Lule" Menem, dentro del presunto esquema operativo. Desde La Libertad Avanza sostienen que las investigaciones no generan preocupación interna.
Con la apertura de los dispositivos en marcha, la causa ingresa en una etapa de análisis probatorio profundo, donde la evidencia digital podría resultar determinante para confirmar —o descartar— la existencia de una estructura sistemática de corrupción en contrataciones vinculadas a políticas de discapacidad.