ESCÁNDALO
En medio del fuerte revuelo político generado por la adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores a favor de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) —entidad dirigida por la esposa del ministro Federico Sturzenegger—, el presidente Javier Milei decidió intervenir públicamente para respaldar la transparencia de la contratación.
Lejos de utilizar canales institucionales de la Casa Rosada, el jefe de Estado optó por replicar un mensaje del canciller Pablo Quirno en su cuenta oficial de la red social X (@pabloquirno), validando así la explicación oficial frente a millones de seguidores.
En el posteo que el mandatario compartió, Quirno afirmó: “No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario. Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal”. El mensaje buscó instalar la idea de continuidad administrativa y normalidad en el vínculo contractual.
Activación de controles y procedimiento de integridad
El canciller también hizo foco en el eventual conflicto de intereses, dado que la Directora Ejecutiva de la entidad adjudicataria es la esposa de Sturzenegger. Según detalló, “se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, que revisó todo”.
Con esta argumentación, la cúpula del Gobierno nacional intentó blindar la operación bajo estándares formales de legalidad y control administrativo, trasladando la discusión del plano político al terreno técnico y procedimental.
El expediente y la revelación del contrato
La reacción oficial se produjo luego de que tomara estado público el expediente de contratación. La información fue publicada en exclusiva por la Agencia Noticias Argentinas, que reveló que el Ministerio adjudicó de forma directa a la asociación dirigida por María Josefina Rouillet un contrato por $114.044.133.
El acuerdo contempla el dictado de clases presenciales para 132 empleados y diplomáticos, en el marco de un programa de capacitación en inglés. Sin embargo, la investigación también expuso que el valor abonado por el Estado por cada hora de clase —$191.993— supera ampliamente los máximos salariales docentes del mercado, triplicando los parámetros habituales.
La controversia se centra así en dos ejes: el vínculo familiar en la contratación y el costo por hora abonado por el Estado, factores que alimentaron cuestionamientos políticos y obligaron al Presidente a intervenir directamente para sostener la narrativa oficial de regularidad administrativa y cumplimiento normativo.
