La oposición impulsa cambios para romper el empate en la comisión Libra
En un contexto marcado por la condena a Cristina Kirchner y la creciente conmoción política, la oposición en la Cámara de Diputados intenta reactivar el funcionamiento legislativo a través de la comisión investigadora del escándalo cripto Libra. Este miércoles a las 16 horas tendrá lugar una nueva reunión, en la que se espera la presencia de expertos invitados como Fernando Molina, Santiago Siri y la periodista Irina Hauser, convocados por el espacio Encuentro Federal.
Además, participarán los querellantes Martín Romero y Maximiliano Firtman, conocidos por sus fuertes críticas al presidente Javier Milei en redes sociales. Ambos apuntan directamente al jefe de Estado como principal implicado en la denominada "criptoestafa", una causa en la que también figura su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La funcionaria fue citada por Unión por la Patria, pero todo indica que no asistirá, amparada en la imposibilidad de sanción por su incomparecencia. El escenario de parálisis institucional no es nuevo: la comisión continúa sin autoridades designadas, lo que impide avanzar en la investigación.
El punto muerto gira en torno a la presidencia de la comisión, cargo clave porque define el ritmo de trabajo, las citaciones, el desempate de votaciones y la posibilidad de tomar medidas procesales. La oposición impulsa a la peronista Sabrina Selva, mientras que el oficialismo respalda a Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza.
La situación está empatada en 14 votos por bando, debido a un diseño parlamentario forzado por ambas partes. La oposición objeta que un oficialista presida una comisión creada para investigar a su propio espacio político, aunque no existe ninguna norma que lo impida.
Ante el bloqueo oficialista, algunos sectores como Democracia para Siempre y la Coalición Cívica reflotaron la posibilidad de iniciar un juicio político, una idea que Unión por la Patria ya había agitado tras conocerse el escándalo. Aunque el tono sube, la opción con más factibilidad por estas horas es la de aprobar un proyecto reglamentario para fijar criterios de votación y destrabar el conflicto.
La propuesta establece que, ante un empate en la elección de autoridades, se designe presidente a quien represente a bloques con mayor cantidad de bancas en la Cámara. También se regula el resto de los cargos: la vicepresidencia quedaría en manos del otro candidato propuesto, mientras que la secretaría sería designada por los impulsores del titular.
La iniciativa fija además un plazo de tres meses para presentar un informe final con los hechos investigados y los resultados. Su aprobación implicaría resetear el proceso, y ya se baraja una moción para derivarlo a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.
En los fundamentos, los legisladores firmantes denunciaron una “estrategia deliberada del oficialismo para impedir el funcionamiento de la comisión”, mencionando maniobras como la fragmentación de bloques, la creación de interbloques artificiales y una integración “paritaria forzada de 14 a 14”.
Sin embargo, reconocen que Unión por la Patria también recurrió a prácticas similares, como prestar dos diputadas al Frente de Izquierda para reforzar su representación. Así, la comisión quedó atrapada en un diseño de empate perfecto, que impide cualquier avance sustancial.
En la última reunión del 30 de abril, el oficialismo pidió dos semanas para negociar, pero no hubo avances. La oposición intentó forzar la votación en el recinto, pero el presidente de Diputados, Martín Menem, logró desactivar la ofensiva mediante un acuerdo diplomático para retomar el debate en comisión.
En ese contexto, el encuentro fue coordinado por el secretario parlamentario Adrián Pagán, y solo se logró avanzar en la citación de invitados. La conducción de la comisión, sin embargo, sigue siendo el nudo sin desatar.
La presidencia no es un tema menor: define reglas, solicita informes, toma decisiones, arbitra y desempata. Por eso, para la oposición, el proyecto reglamentario no responde a una lógica especulativa sino a la necesidad de garantizar transparencia institucional, control político real y el derecho ciudadano a conocer la verdad.
El proyecto lleva las firmas de Maximiliano Ferraro, Oscar Agost Carreño, Danya Tavela, Sabrina Selva, Mónica Frade, Paula Penacca, Nicolás Massot, Pablo Carro, Fernando Carbajal, Carolina Gaillard, Carla Carrizo y Julia Strada.