REFORMA LABORAL

Mendoza perderá más de $45.000 millones por los cambios en Ganancias

Un informe del IARAF advierte que la provincia perderá más de $45.000 millones si se aprueba la ley de modernización laboral de Javier Milei, pese al respaldo político del Gobierno local.

El apoyo de Mendoza a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional tendrá un alto costo para las finanzas provinciales. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la aprobación del proyecto de modernización laboral implicará un fuerte recorte en la recaudación del impuesto a las Ganancias, generando un déficit estimado en $45.300 millones para la provincia.

El proyecto contempla modificaciones clave en Ganancias, incluyendo la reducción de alícuotas para empresas y exenciones vinculadas a alquileres de vivienda. En detalle, el artículo 191 plantea que la tasa del 30% para ciertos tramos pasaría al 27%, mientras que la del 35% se reduciría a 31,5%.

 

A nivel nacional, el costo fiscal directo de la reforma representaría 0,22% del PBI, equivalente a aproximadamente $1,9 billones. Dado que Ganancias es un impuesto coparticipable, las provincias absorberán gran parte del impacto, con Mendoza entre las más afectadas. Según los cálculos del IARAF:

Impacto nacional: $789.334 millones

Impacto en provincias y CABA: $1,12 billones

El informe también subraya que, aunque la ley entre en vigencia desde el 1 de enero de 2026, los efectos sobre la recaudación provincial no se percibirán de inmediato. El verdadero impacto financiero se empezará a sentir a partir de mayo de 2027, cuando empresas y personas físicas presenten sus declaraciones juradas y se liquiden los anticipos correspondientes.

A pesar del enorme costo fiscal, el respaldo político de Mendoza hacia la Casa Rosada se mantiene firme. El gobernador Alfredo Cornejo, reconocido aliado del Ejecutivo nacional, también actúa como portavoz de varios mandatarios provinciales, consolidando la postura de apoyo a la reforma en el Congreso.

En resumen, la modernización laboral promete beneficios estructurales, pero para Mendoza significará un fuerte desafío presupuestario en los próximos años.